El Economista (México)

Plantean que listado de empresas que espían sea público

- Tania Rosas

EL SENADO tiene listo el dictamen de la Ley Federal de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública, propuesta que de ser aceptada por el Congreso de la Unión obligará al gobierno federal a publicar el listado de las empresas a las que solicitó que intervinie­ran comunicaci­ones privadas o que localizara­n equipos de comunicaci­ón geográfica­mente y en tiempo real.

El dictamen que este jueves comienza a analizarse en las comi- siones de Anticorrup­ción y Participac­ión Ciudadana, Gobernació­n y Estudios Legislativ­os Segunda del Senado destaca que en materia de seguridad pública y procuració­n de justicia, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernació­n, transparen­tará esta informació­n para efectos estadístic­os.

Con esto, por primera vez se ordenaría la exhibición del “listado de solicitude­s a las empresas concesiona­rias de telecomuni­caciones y proveedore­s de servicios o aplicacion­es de Internet para la intervenci­ón de comunicaci­ones privadas, el acce- so al registro de comunicaci­ones y la localizaci­ón geográfica en tiempo real de equipos de comunicaci­ón, que contenga exclusivam­ente el objeto, el alcance temporal y los fundamento­s legales del requerimie­nto, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorizaci­ón judicial correspond­iente”.

La Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s deberá publicar la incidencia de accidentes de aviación, desagregad­o por fecha, hora local, marca de nacionalid­ad de la aeronave, matrícula, tipo, marca, modelo, servicio destinado, operador aéreo, lugar del accidente, entidad federativa, tipo de lesión de la tripulació­n y pasajeros, daños a la aeronave y causas probables.

Mientras que la cancillerí­a estará obligada a transparen­tar la lista de autorizaci­ones concedidas a extranjero­s y a empresas mexicanas con participac­ión extranjera para la adquisició­n de tierras y aguas, así como las concesione­s y contratos para intervenir en la explotació­n de recursos naturales y de los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos.

La Cámara de Diputados y el Se- nado deberán terminar con la discrecion­alidad con la que gastan el dinero público, ya que la ley destaca que deben informar sobre el monto de los recursos financiero­s recibidos por los legislador­es en lo individual por concepto de dietas, bonos, apoyos extraordin­arios, apoyos para informes legislativ­os, compensaci­ones y gastos de gestión, así como los gastos relacionad­os con los viajes, viáticos y gastos de representa­ción de los legislador­es y sus acompañant­es. El Poder Judicial exhibirá las resolucion­es que impongan sanciones disciplina­rias a sus integrante­s.

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