Dos años sin ley secundaria de Fiscalía General
TAREA PENDIENTE DEL SENADO
A DOS años de publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia político-electoral que da paso a la Fiscalía General de la República, la Cámara de Senadores aún tiene la tarea de elaborar y aprobar la ley en la que se establezca su nueva estructura, atribuciones y facultades.
El 10 de octubre del 2014 se publicó dicha reforma que contempla la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General de la República (FGR), con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios.
De acuerdo con los argumentos expuestos en el proyecto, con este cambio se busca garantizar que el ejercicio de la procuración de justicia en México tenga un alto nivel de profesionalización y sea más eficaz. La modificación legal contempló cambios en el artículo 102 constitucional.
La reforma dispuso que el fiscal general de la República dure en su cargo nueve años, para asegurar un horizonte de largo plazo en el cumplimiento de sus tareas. Para su designación se estableció un mecanismo que implica la colaboración del Senado y del Ejecutivo federal. Asimismo, en un artículo transitorio se ordena que las modificaciones de la PGR deben entrar en vigor hacia el 2018.
La reforma constitucional estipula que la transformación de la PGR en fiscalía entrará en vigor a partir de las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión. Ante ello, el 23 de septiembre del 2014 el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República.
El 11 de diciembre del 2014 el Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta por la cual se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, que plantea la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República.
La ley que regulará a la fiscalía, compuesta por 46 artículos, reforma 72 ordenamientos legales y abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que la fiscalía fungirá como un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y contará con nuevas facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral.
La minuta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, donde desde esa fecha, está en análisis.
ÓRGANO ANTICORRUPCIÓN
La reforma político-electoral también estableció que la FGR contará por lo menos con dos fiscalías especializadas: una en materia de delitos electorales y otra especializada en combate a la corrupción.
Ante ello, el 12 de marzo del 2014 el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, publicó en el DOF el acuerdo por el cual se daba a conocer la creación de la Fiscalía Anticorrupción.
La operación de esta fiscalía operará de manera autónoma, como lo hace la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
La semana pasada el Senado cerró el plazo de recepción de los interesados al cargo de fiscal anticorrupción con un total de 32 aspirantes entre consejeros de transparencia, magistrados y académicos. Al llamado acudió la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente.