¿Quintana Roo, a remate?
Faltaban dos meses para el cambio de poderes en Quintana Roo, cuando surgieron las primeras señales de alerta. A finales de julio pasado, el equipo del gobernador electo, Carlos Joaquín González, pudo conseguir un informe detallado sobre la venta de un predio, de 100 hectáreas, ubicado frente a una de las 10 playas más visitadas en el país; junto al mítico Akumal, en el corazón de la Riviera Maya.
El predio, que formaba parte de las reservas territoriales que administraba el gobierno estatal, fue vendido en unasorprendente operación fast track que apenas demoró 72 horas. Y en otros cinco días — con las facilidades otorgadas por el entonces gobernador, Roberto Borge Angulolos prominentes compradores concretaron la compraventa y protocolizaron la operación, en el Registro Público de la Propiedad.
¿Quién fue ese misterioso comprador?, cuestionó el gobernador electo a su equipo de trabajo. El corporativo Bahía Príncipe, parte de Grupo Piñero, de Palma de Mallorca, encabezado por Pablo Piñero.
Casi al mismo tiempo llegó información sobre una acción similar en Holbox. Y desde entonces, los reportes de estas operaciones siguen acumulándose. Los registros públicos contabilizan 9,500 hectáreas de reservas territoriales -equivalentes a 24 veces la superficie de Isla Mujeres-, las cuales fueron entregadas a particulares, al menos en siete de los 11 municipios de la entidad, a precios de ganga.
Los beneficiarios son amigos y familiares del exgobernador priista, de acuerdo con las pesquisas. En los últimos días del sexenio Quintana Roo estuvo literalmente a la venta. La administración saliente quiso vender el aeródromo de Playa del Carmen. Desde entonces, Joaquín González requirió a su equipo una investigación exhaustiva, para proceder a la anulación de esas compraventas y fincar responsabilidades penales a vendedores, compradores, notarios…
La instrucción del gobernador aliancista se cumplió tres meses después. Ayer el secretario de la gestión pública, Rafael Antonio del Pozo, compareció ante una conferencia de prensa que lacónicamente catalogó como “un informe de los avances del proceso entrega-recepción”, tras de cinco semanas del traspaso de poderes.
“Yo no voy a hablar”, adelantaba el empresario yucateco Hesiquio Aguilar, quien ahora está al frente de la representación del gobierno quintanarroense en la Ciudad de México.
Sin ofrecer pruebas, Del Pozo denunció la venta de más de 9,5000 hectáreas de la reserva territorial de la entidad. Esas enajenaciones —describió— registran “graves irregularidades” y entre los adquirientes hubo familiares y amigos del ex gobernador Borge Angulo, quien en su calidad de presidente del consejo del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE) tendría que responder ante la denuncia por despojo, al igual que la directora general de ese organismo descentralizado, Claudia Romanillos Villanueva.
Los terrenos, vendidos a precios irrisorios, equivalen a seis veces la superficie total de la zona hotelera de Cancún, ilustró el secretario de gestión pública, quien sostuvo que en tanto no estén listos los avalúos de esa extensión territorial, es imposible determinar la cuantía de los despojos del IPAE.
El quebranto a las finanzas estatales, describió, “es enorme. No ha habido una sola área de la administración estatal donde no encontráramos irregularidades”. Después de la transmisión de poderes, la administración saliente tuvo 60 días para solventar las observaciones y justificar los faltantes.
Ante el “profundo desaseo”, la administración entrante decidió enfocar su trabajo a restaurar el orden y regresar al cauce institucional.
Hace tres semanas, de acuerdo con su versión, fue presentada la primera denuncia ante la PGR. Sin saber de algún avance, ayer acudieron a la Fiscalía General de Quintana Roo para solicitar el ejercicio de la acción penal contra Borge Angulo y Romanillos Villanueva.
“Tenemos un absoluto compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad”, insistió Del Pozo, “el que la hace, la paga. Estamos decididos a recuperar el patrimonio de los quintanarroenses”.
La denuncia formulada públicamente por los voceros quintanarroenses señala que algunos de los adquirientes de los terrenos están vinculados laboral y profesionalmente con el exgobernador Borge Angulo y fueron ubicados como accionistas y empleados de una empresa naviera que en los últimos cuatro años aparentemente adquirió tres barcos con un valor en el mercado superior a los 7 millones de dólares.
El accionista y la apoderada legal de dicha empresa naviera -según Del Pozohabrían presentado sus declaraciones fiscales en ceros.
Las evidencias recabadas apuntarían a los socios de la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, que dirige Franco González Padrón, y cuya denominación comercial es Barcos Caribe.
“Lo que los quintanarroenses pueden tener claro es que no hay ni habrá negociación posible”, declaró el vocero quintanarroense. “Nosotros vamos a cerrar el cerco y cumpliremos con nuestra responsabilidad, pero la autoridad federal debe con cumplir su parte y concluir las investigaciones”.
¿Cacería de brujas en Quintana Roo? Las indagatorias contra servidores públicos estatales y federales datan de hace 18 meses, por lo menos.