SISTEMA DE ARCHIVOS, EN REGRESIÓN
En las audiencias públicas realizadas en el Senado se advirtió que la política nacional en la materia debe dejarse en manos de historiadores y técnicos
La dependencia del Sistema Nacional de Archivos a la Segob significa una regresión política.
ACADÉMICOS Y especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas advirtieron que aprobar la Ley General de Archivos como se presenta en la iniciativa de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República sería una regresión política debido a la dependencia del Sistema Nacional de Archivos a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Durante las audiencias públicas convocadas por el Legislativo para analizar la propuesta del último de los tres ordenamientos secundarios en materia de transparencia, el profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mauricio Merino, aseveró que “si esta Ley General de Archivos se aprueba en sus términos, sin matices y sin reservas, consideramos que es una regresión política, porque como todos sabemos en esta sala, los archivos son la base del sistema de transparencia. A partir de los archivos se construye el acceso a la información”.
El también presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación (AGN) dijo que no existe razón para que el Sistema Nacional de Archivos dependa de Gobernación; “esta discusión no responde a criterios técnicos, sino a la insistencia del Ejecutivo federal para mantener en la Segob el control de todos los archivos del país”, agregó.
En este sentido se pronunció la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales. Dijo que la decisión de la política nacional en materia de archivos debe dejarse en manos de historiadores y técnicos, y no en políticos.
Sugirió que el nombramiento del titular del AGN lo realice el Senado, e insistió en adoptar principios de Parlamento Abierto para la iniciativa y no se vote en fast track.
En su turno, la exdirectora del AGN, Aurora Gómez Galvarriato, advirtió que bajo la tutela de Gobernación, los archivos están condenados a permanecer en la última prioridad, por ejemplo en asignación de recursos.
El director de la Escuela Mexicana de Archivos, Ramón Aguilera Murguía, agregó que se busca el fortalecimiento técnico y no político del Archivo General de la Nación, así como la constitución de un Consejo Nacional de Archivos.
El profesor del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM, Alfredo Ávila Rueda, consideró imperativa la homologación de esta ley con las otras dos que son parte del sistema de transparencia: la Ley Generalde Transparencia y el proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales.
Enrique Chmelnik Lubinsky, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados AC, consideró que el Consejero Representante de los archivos privados debe ser electo entre los miembros de una asociación civil legalmente constituida dentro de un artículo de la ley y no en un transitorio.
La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, Cristina Díaz Salazar, explicó que dentro de las opiniones vertidas sobre la iniciativa, hay una referida a la existencia de un control político de todos los archivos de México a través de la Secretaría de Gobernación, y las relativas al plazo de dos años para depurar los contenidos de los archivos.
Abundó que esta propuesta favorecerá acciones de preservación, difusión, incremento del patrimonio documental de la nación, y destacó que sienta las bases para que el Sistema Nacional de Archivos tenga un enfoque integral y sistemático de la gestión documental.