APRUEBAN ACCESO A PERITOS EXTRANJEROS
En comisiones fue aprobada la minuta que busca, entre otras cosas, la transformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
La comisión dio luz verde a reformar la Ley General de Víctimas para que peritos foráneos puedan investigar en casos de México.
LA COMISIÓN de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Víctimas que permitirán a la Comisión Ejecutiva de Atención contratar peritos independientes extranjeros, cuando no haya capacidad en México para realizar una investigación, como se promovió en el caso Iguala.
“La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos (…) Sólo se podrán contratar servicios cuando no se cuente con personal nacional capacitado en
(La CEAV) podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos”.
Proyecto.
la materia”, refiere.
Con la abstención de Morena, una mayoría de 15 diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM aprobaron en sus términos la minuta del Senado sobre las reformas a la Ley General de Víctimas, las cuales serán presentadas al pleno la próxima semana para su discusión y aprobación.
El diputado Alfredo Basurto (Morena) pidió a los diputados modificar la minuta y no convertirse en “oficialía de partes” del Senado. Argumentó que se pedirán más requisitos para que el nombramiento del comisionado eje-
70
cutivo de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) no fuera designado por cuotas partidistas, y para que fuera más específico el presupuesto anual para la misma comisión.
La diputada Lía Limón (PVEM) afirmó que las reformas pretenden “desburocratizar” a la CEAV y eliminar las trabas que existen para la entrega de apoyos de transporte, alimentación y hospedaje, entre otros rubros, para las víctimas. Lo anterior, dijo, porque las decisiones de la comisión ya no se tendrán que discutir por todo el pleno.
Aunque votó a favor, el diputado Ulises Ramírez (PAN) expresó su preocupación por que la organización Alto al Secuestro ha denunciado que de 80 millones de pesos erogados del Fondo de Ayuda y Asistencia, 70 millones fueron para reparar el daño a personas que fueron procesadas por algún delito, pero argumentaron violación al debido proceso o tortura.
La diputada Lía Limón dijo que la facultad de atracción de casos por parte de la CEAV ayudará a controlar ese tipo de casos.
Por su parte, el legislador Ricardo Ramírez Nieto (PRI) afirmó que es improcedente la petición de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien propuso eliminar el requisito de una sentencia firme para poder acceder a los recursos del fondo. “Esto sería incluso inconstitucional si no hay un delito con responsable (y) sentencia”, afirmó.
Entre los cambios más relevantes a la Ley General de Víctimas se encuentra la facultad de atracción que podrá hacer la CEAV de casos del fuero local para hacer la reparación del daño.
Se hace una reestructura de la CEAV, que dejará de ser órgano colegiado, y ahora sólo habrá un comisionado ejecutivo, nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. Además, crea la figura de Asamblea Constitutiva, donde participarán personas de la sociedad civil.
Se incluye la figura de desplazamiento interno como una hecho victimizante, que obligará a la CEAV a otorgar atención a poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades primarias. A su vez, permite que víctimas del delito puedan acudir a alguna institución privada para recibir apoyo, lo cual será con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Se incluye como víctimas primarias de atención a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, defensores de DH y periodistas
“La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia”, dice el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
millones de pesos, de los 80 millones del Fondo de Ayuda, fueron para reparación de daños a procesados, se acusó.