Aprueban nueva Ley de Vivienda de la CDMX
CON 34 votos a favor y 21 abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la abrogación de la Ley de Vivienda del Distrito Federal para expedir la nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México.
La presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF y promovente de la Ley, Dunia Ludlow, refirió que con ésta se busca la creación de mayores ofertas de vivienda digna y asequible para todos los sectores sociales y mejoramiento de las ya existentes.
Dijo que se establece un tope máximo del costo de vivienda popular de 750,000 pesos, por lo que se busca generar esquemas de vivienda asequible y accesible a las diferentes necesidades de los ciudadanos.
Además fija los mecanismos para ampliar los derechos de los ciudadanos, alentar la inversión y la actividad productiva.
Se incorporan mecanismos como el Consejo de Vivienda, la creación de una bolsa de suelo, nuevos esquemas de financiamiento y participación social a fin de incentivar la oferta de vivienda de interés social.
Destacó que cada año cerca de 80,000 capitalinos demandan alguna opción de vivienda en la ciudad, que va desde mejoramiento hasta la adquisición de casa o departamento, y al no tener acceso por el alto costo del suelo muchos capitalinos tienen que buscar alternativas en municipios del Estado de México u otras periferias.
Esta Ley consta de 118 artículos y prevé una bolsa de suelo que plantea utilizar todos los terrenos o lotes abandonados o subutilizados para construir vivienda.
En delegaciones como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se contabilizan unos 80,000 terrenos subutilizados, por lo que la Ley propone impulsar desarrollos de vivienda cerca de centros laborales y servicios públicos.
Se aplicarán sanciones a desarrolladores inmobiliarios que infrinjan la ley, como perder la licencia y la negativa a acceder a los programas institucionales de la Seduvi y el Invi.
También se sancionará a funcionarios como los inspectores que incurran en actos de corrupción.
es el tope máximo que fija el nuevo ordenamiento para el costo de la vivienda popular, según el dictamen aprobado.