Recursos incautados “para reparación”
LA PRESIDENTA de la Comisión Especial contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, Julieta Fernández Márquez (PRI), reiteró que la minuta de la Ley General contra la Trata de Personas aprobada por el Senado es contraria a los derechos humanos e impone la carga probatoria a las víctimas en lugar de los presuntos tratantes.
En una carta a El Economista, la diputada dijo que su creencias religiosas no interfieren en su trabajo legislativo, como aseguró la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado, Adriana Dávila Fernández (PAN).
“No entiendo por qué la senadora Adriana Dávila exhibe de manera discriminatoria mis creencias religiosas si el debate sobre este tema ha sido 100% laico e impersonal. Por mi parte, respeto el trabajo realizado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en su totalidad”, aseveró.
Respecto de que permite la influencia en ese tema de la exlegisladora Rosa María de la Garza, o Rosi Orozco, para que la Ley de Trata de Personas se mantenga sin cambios, la diputada Julieta Fernández aseguró que quien tiene un conflicto con ella es la senadora Adriana Dávila.
“Todos hemos sido testigos del conflicto personal, público y permanente entre la senadora Dávila y Rosi Orozco. Me deslindo por completo de los problemas existentes entre ambas. Invito a la senadora Dávila a debatir cómo logramos que los patrimonios económicos de los criminales producto de la trata sean incautados y utilizados para la restauración integral de las víctimas”, dijo.
Instó a la senadora a elevar el debate al ámbito jurídico y de derechos humanos. “Esto no se trata de un tema personal, es un tema sumamente delicado y no debemos olvidar que somos representantes de muchas víctimas que esperan recuperar su vida”, afirmó.
La diputada indicó que la minuta de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona, “está siendo analizada con gran responsabilidad por un grupo de especialistas en el tema” y “se están evaluando a fondo las posibles consecuencias de aprobarla”.