El clamor de Elba Esther
Con humildad pero con firmeza, Elba Esther Gordillo compareció ante los magistrados del Tribunal Federal y Conciliación Arbitraje, para tramitar un amparo —el enésimo, luego de dos años y medio de combatir judicialmente las acusaciones en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero.
“Actualmente me encuentro indebidamente privada de mi libertad y estoy siendo procesada dentro de las causas penales 11/2013 y 91/2013 que se siguen en los libros de los Juzgados Sexto y Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal”, puntualiza.
“Desde el año de 1989 fungí como secretaría general del H. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y fue en el año de 2007 cuando fui nombrada por el H. ConsejoNacional del Sindicato como presidenta vitalicia”, describe a los juzgadores, “en ese sentido, durante los ejercicios fiscales del 2008 al 2012 precisamente desarrollé actividades derivadas al encargo que me fue concedido que se centraron en la representación del Sindicato ante cualquier persona y/o autoridad”.
“Soy una persona física residente para efectos fiscales en México que se encuentra al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones de carácter fiscal”, relató. El 30 de octubre del 2013 le fueron notificados tres oficios de la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT mediante los que fue requerida de información sobre sus ingresos y egresos, en los ejercicios fiscales 2008 y 2009, 2010, 2011 y 2012.
El 25 de septiembre del 2014 recibió otras tres notificaciones de la misma instancia, con respecto a la solicitud formulada al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos para recabar información sobre los pagos realizados por Gordillo Morales en la tienda departamental Neiman Marcus. A criterio de la fiscalizadora, el plazo para concluir las revisiones de gabinete que me estaban siendo efectuadas, se ampliarían un año más.
Fue hasta el 24 de marzo del 2015 que la ex lideresa tuvo noticias de que “información y documentación que obraba en poder de terceros” había sido entregada a la autoridad fiscal. Ésta consistía en estados de cuenta bancarios de diversas instituciones en los cuales se observaban pagos efectuados a diversas tarjetas de crédito durante los ejercicios fiscales 2008 y 2009, 2010, 2011 y 2012.
El 3 de septiembre de ese año, el SAT volvió a notificarle sobre diversos pagos que el SNTE realizó a tarjetas de crédito de distintas instituciones bancarias durante los ejercicios sujetos a revisión y requirió información y documentación sobre esos movimientos bancarios. Gordillo Morales reiteró, el 16 de octubre, que esos gastos “fueron en nombre y representación del SNTE gracias al cargo que desempeñé en tales periodos”.
La respuesta del SAT llegó 10 días después, a través del oficio 500-05-04-201534001 emitido por la Administración de Fiscalización Estratégica 3, de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, en el que le informaron sobre diversas irregularidades y supuestas omisiones determinadas en la revisión de los documentos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. Enseguida llegaron otras tres notificaciones, con respecto a los ejercicios fiscales del 2010, 2011 y 2012.
El 4 de noviembre, un abogado y el notario público 97, Marco Antonio Espinoza Rommyngth, acudieron a la sede nacional del SNTE para entregar un escrito a través del que Gordillo Morales, “en mi carácter de agremiada”, requería copia de los estados de cuenta y solicitudes de tarjetas de crédito que le fueron entregados en el lapso investigado por la autoridad fiscal. Pero el SNTE no ha respondido, desde entonces.
El 23 de noviembre, la ex lideresa tramitó un amparo indirecto contra “la ilegal actuación” de la dirigencia del SNTE, que fue turnado al juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1958/2015, donde se sobreseyó el juicio. El 16 de mayo de este año, Gordillo Morales interpuso un recurso de revisión, que aún no ha sido turnado a un Tribunal Colegiado de Circuito.
Mientras, insistió: “Tengo el carácter de trabajadora de la educación pues trabajé para los Servicios Educativos Integrados al Estado de México entre el 2008 y el 2012”. Y se atuvo a la fracción II del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo para sostener que su relación laboral se encuentra suspendida.
“En caso de que la autoridad responsable no solicite al SNTE esta información y documentación, veré limitada y violentada mi garantía de audiencia y de defensa, toda vez que me veré imposibilitada de demostrar la ilegalidad de los créditos fiscales que se pretenden ejecutar en mi contra y como consecuencia final la autoridad fiscal procederá al cobro coactivo de los mismos”, advirtió.
Gordillo Morales había acudido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para emplazar al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas del SNTE a que entregara la información que acreditaría el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por los ejercicios fiscales 2008 al 2012. Su petición fue denegada por esa instancia y sus abogados acudieron —el pasado 20 de septiembre— al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para tramitar un juicio de amparo directo, cuya resolución recayó en la ponencia de Adolfo O. Aragón Mendía, quien después de revisar los argumentos de la promovente consideró que no tenía competencia para conocer de este asunto según consta en los autos del expediente D.T. 950/2016. Aunque la sentencia fue dictada el pasado 14 de noviembre y publicada el 23 del mismo mes, apenas antier causó estado y fue remitida al archivo.