México no pagará un muro, reafirman Política migratoria “limita” derechos de los migrantes
CANCILLER COMPARECE EN PRIVADO Se necesita ofrecer una respuesta ante la probable presión de EU, advierte la Oficina del Alto Comisionado de la ONU
LA SECRETARIA de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, dijo a diputados que “no hay manera” en que México pueda ser obligado para pagar el costo por la construcción de un eventual muro en la frontera con EU.
En un encuentro privado con legisladores, la canciller pidió también que no se asuma a Donald Trump como la amenaza más grande para México, y llamó a la tranquilidad de todos los sectores sociales.
“La canciller ha compartido con nosotros que ya están listos para entablar relaciones bilaterales con el equipo de Trump, pero que será propiamente a partir del 20 de enero cuando se den los acercamientos. A la canciller se le notó muy decidida a defender los derechos de los connacionales, de desplegar una política al interior de Estados Unidos, y nos ha pedido acompañar esta estrategia”, informó el diputado Víctor Manuel Giorgana (PRI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Debido a que lacomparecencia de la canciller fue privada ante la Junta de Coordinación Política, el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la canciller dejó claro que “no existe la menor posibilidad de que México pague semejante disparate”.
Lo anterior luego de que el vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence, dijera que México podría pagar por la construcción de un muro en la frontera mediante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En un comunicado, la SRE indicó que la canciller reafirmó: “No vamos a renunciar en ningún momento a nuestra obligación y nuestra responsabilidad de defender a nuestros paisanos y de proteger sus derechos, y tampoco de promover los intereses de nuestro país”.
También aseguró que “la premisa es que no habrá un paso atrás, ni en la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos ni en la promoción de nuestros intereses”.
El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, dijo que se acordó con la funcionaria agilizar la celebración de la Reunión Interparlamentaria México-EU y México-Canadá, con la finalidad de concientizar a legisladores norteamericanos sobre la importancia de nuestro país en sus economías. EN LOS últimos 15 años un enfoque de seguridad nacional se ha consolidado gradualmente en la política migratoria en México, lo que limita las posibilidades de estas personas de salvaguardar su vida al negarles el derecho a recibir protección internacional, exhibe el más reciente informe de la organización no gubernamental, Sin Fronteras.
Al presentar este reporte, el consultor jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García, observa que en México existe una aplicación generalizada, mecánica y automática de la privación de la libertad de las personas migrantes en situación irregular.
Lo anterior, detalla, responde a la adopción de un enfoque orientado a la criminalización de la migración así como la percepción de que este fenómeno es una amenaza a la seguridad nacional.
Advirtió que en un contexto incierto sobre las políticas migratorias que se implementarán en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump; es necesario que México ofrezca una respuesta de cara a una probable presión en la materia desde el país vecino.
Joselin Barja, autora del reporte “Detención son Excepción” y miembro de Sin Fronteras, detalló que el trabajo recoge 15 años de monitoreo de 26 de las 58 estaciones migratorias del país. Tras evaluar los retos, la pesquisa concluye en que la política migratoria en el país se basa en la posterior deportación de personas migrantes lo que contraviene lo dispuesto en la Constitución Mexicana.
Además de que muchos de los migrantes huyen de su país de origen debido a situaciones que ponen su vida en peligro. Por lo que deportarlas sin una revisión de su caso. Pone en riesgo, principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), del 2000 al 2015 se han detenido en el país a 2 millones 126, 666 migrantes, de los cuales 1 millón 659, 105 han terminado en deportaciones. En el año 2015 — tras la puesta en marcha del Plan Frontera Sur— se muestra cómo el año en que hubo mayor número de detenciones con 190,366 casos, de los cuales, 82% se tradujo en repatriaciones.
Ante este panorama, entre las principales recomendaciones y propuestas emitidas se encuentra el impulso de distintos ejercicios de monitoreo que puedan dar cuenta del trato durante los arrestos y los centros de detención, el estado de salud mental de las personas en detención, tanto de niños como adolescentes.