Retrasan firma de contrato, sin explicación
LA FIRMA del contrato, por 7,359.2 millones de pesos, para la construcción de la pista tres y obras complementarias del nuevo aeropuerto, adjudicado al consorcio integrado por CICSA, GIA+A, La Peninsular y Prodemex se firmó dos meses después de lo establecido, sin que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) diera explicaciones ni actuara en consecuencia, dio a conocer el testigo social asignado al proceso, el arquitecto José Genaro Ruiz.
En su informe sobre la licitación, indicó que dicha situación, de acuerdo con la Ley de Obras, permitía al grupo adjudicar el contrato “al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente para el Estado”.
En dicho concurso, solamente siete (de las 16 propuestas presentadas) fueron declaradas solventes y el consorcio ganador adjudicado presentó la propuesta económica más baja. En segundo sitio figura la que entregaron Pinfra y la española Acciona, con una filial local: 7,580.3 millones de pesos.
De acuerdo con el reporte del testigo social, el contrato entre las partes
finalmente se firmó el 7 de noviembre pasado, a pesar de que tendría que haber ocurrido “a más tardar” el 17 de septiembre.
Sobre el retraso y con base en la Ley de Obras, el GACM informó a El Economista que “la firma del contrato con el agrupamiento respectivo de empresas adjudicadas les requirió mayor tiempo para solventar los trámites jurídicos necesarios para la formalización del mismo. La propia norma contiene la opción para que se solvente de manera satisfactoria este aspecto aun cuando sea fuera del periodo establecido”.
Desde su perspectiva, eso no representa ninguna afectación en los tiempos y plazos solicitados para la ejecución y culminación de las obras.
GACM NO RESPONDÍA AL TESTIGO
En el reporte de José Genaro Ruiz se asegura que el 26 de octubre pasado, 56 días calendario después de que se falló la licitación, no se había firmado el contrato y no tenía noticia de alguna reprogramación, situación que le hizo saber al representante del Órgano Interno de Control del GACM.
Al no tener respuesta, el 1 de noviembre volvió a pedir, ahora “de manera urgente”, explicación de esa situación y sobre quién era el funcionario al que se le tendría que imputar el retraso. “En espera de respuesta, durante los siguientes 30 días, y computando 60 desde la fecha del fallo, con el desconocimiento de las razones por las cuales el servidor público establecido como mi enlace no aceptaba mis llamadas telefónicas, nuevamente el 3 de noviembre intenté buscar una respuesta”, narró .
Finalmente, el 4 de noviembre recibió un correo electrónico donde se le informó que el contrato se firmaría tres días después. Y no hubo más explicaciones.