“No debe haber rescate de ninguna deuda que no sea constitucional”: CEEY
Una de las asignaturas pendientes es una mayor revisión de la Ley de Coordinación Fiscal
EL CENTRO de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo un llamado para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no intervenga en aquellas entidades federativas que presenten insolvencia financiera a causa de deudas injustificadas y que no aportaron al beneficio del estado.
“No debe haber rescate de ninguna deuda que no sea constitucional, es decir, que no cumpla con los principios establecidos en la Suprema Corte en la acción constitucional 163/2007 y que esa deuda esté debidamente fiscalizada en cuanto a su origen y destino; además de que haya castigo a quienes hagan mal uso de los recursos”, dijo en entrevista Enrique Díaz Infante, director del sistema financiero y seguridad social del CEEY.
Lo anterior lo comentó por la situación que viven estados como Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, los cuales se han visto envueltos en desfalcos por acciones de corrupción por parte de sus gobernadores.
Indicó que para evitar que se sigan dando estos sucesos que afectan a las finanzas locales, se debe hacer una mayor revisión de la Ley de Coordinación Fiscal para poder controlar de mejor manera los recursos que se les destinan a los estados y municipios.
“Hemos visto muchas debilidades y deficiencias en los recursos que destina la Federación a las entidades federativas, por lo que rescatar a los que se han endeudado de manera injustificada sería mala idea, pues se utilizarían recursos que provienen del cobro de impuestos”.
EJERCER ESTADO DE DERECHO
Díaz Infante destacó que otra de las asignaturas pendientes que existe a nivel nacional es la fortaleza del Estado de Derecho: “Si los gobernadores no están cumpliendo con la Ley general de Contabilidad Gubernamental o la Ley de Disciplina Financiera, se deben ejercer acciones debidamente”.
Mencionó que, si bien la Ley de Disciplina Financiera representa un buen paso para mejorar las finanzas locales, un tema de preocupación es que en el artículo 22 de dicha Ley se establece que sí se puede rescatar deuda inconstitucional.
“Si eventualmente un estado consigue mejores condiciones de una estructura de su deuda conforme a los artículos 22 y 31, tendrá que entrar al rescate con garantía federal. Esto es preocupante porque no hay una auditoría previa sobre el origen de estos recursos”, añadió.
Aclaró que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas sí establece que se tienen que hacer auditorías so- bre origen y destino de la deuda, pero nunca se establece si es una deuda constitucional. “El problema es que los recursos de los contribuyentes serán destinados a rescatar el gasto y deuda ilegal que hicieron gobernadores durante su gestión”.
“Lo deseable es que no hubiera ningún tipo de rescate, si no se hacen primero esas auditorías previas”, abundó.
DEUDA, LEJOS DE RESOLVERSE
A través de un comunicado, el CEEY subraya que la problemática de la deuda estatal no sólo está lejos de resolverse, sino que esconde problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales.
“El tema del endeudamiento estatal se ha minimizado por creer que no afecta el equilibrio macroeconómico del país, toda vez que es de alrededor de 3.5% del PIB. Lo anterior sería correcto si el endeudamiento registrado en la Secretaría de Hacienda fuera el total de los pasivos estatales y que el endeudamiento estatal no registrado ante la SHCP, con o sin garantía de participaciones federales, fuera controlado y legal”, refirió.
No obstante, detalla que existen varios estados que no habían reportado una desmesurada cantidad de pasivos que ya tenían, pero que no se conocían: “En su último Análisis del Informe de Avance de Gestión Finan-
ciera 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que el endeudamiento estatal registrado ante la SHCP es de 529,719 millones de pesos en el primer semestre del 2016, mientras que un año antes era de 511,719.1 millones de pesos, un aumento de 3.5 por ciento”.
Sin embargo, refiere el CEEY, si se agregan a estos datos los “otros pasivos” reportados por primera vez por la ASF, que consideran las cuentas públicas estatales, la cifra es más alta. Los pasivos totales de los estados aumentan de 536,249 millones a 586,733 millones de pesos en diciembre del 2015, esto significa un crecimiento de 9.4% por los pasivos no registrados.