Judicatura sanciona a 63 funcionarios
LUIS MARÍA Aguilar Morales, ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), criticó ayer a quienes fueron parte de la reforma de justicia penal y ahora se inquietan por que los jueces la hacen cumplir.
Señaló como errónea la percepción de que el CJF no sanciona a los malos servidores públicos, pues de la disciplina depende la credibilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus resoluciones,añadiendo que han sido sancionados 63 funcionarios, entre ellos 11 magistrados y 14 jueces federales, algunos por “conductas indignas e intolerables para seguir en el cargo”.
Al rendir su informe de labores 2016, ante el presidente Enrique Peña Nieto, representantes del Poder Legislativo e invitados especiales —entre ellos Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, y Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República—, acotó que la responsabilidad del nuevo Sistema de Justicia Penal no sólo es de los jueces, sobre quienes pesa la obligación de cumplir sin excepción la ley.
“Los juzgadores están obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. Esto no es opcional, no podemos eludirlo, está resuelto en la norma consti- tucional, pero resulta paradójico que algunos que impulsaron la reforma constitucional del 2011 ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla” y añadió, que “si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”.
En ese renglón estimó que el compromiso del Poder Judicial de la Federación (PJF) es encabezar el combate a la corrupción.
“La legitimidad de los jueces está fincada esencialmente en su actuación honesta y por tanto acatable; tolerar a alguno de estos corruptos es ir en contra la naturaleza de un impartidor de justicia, es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial federal, es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.
Fue tajante al exponer: “¿Cómo podríamos tolerar a un corrupto? Lo digo terminantemente y sin rodeos ¡De ninguna manera! No hay forma”.
Más explícito, planteó que corrupto no es sólo quien acepta dádivas económicas, sino “todo aquel que corrompe el servicio de justicia y la dignidad del juez”, además de “quien agrede a sus compañeros, abusa a empleados, ofende a la mujeres y no tiene una conducta personal en correspondencia con la dignidad de su cargo”.