Al olvido, 27 solicitudes de juicio
LA SECCIÓN Instructora de la Cámara de Diputados ordenó desechar 27 solicitudes de juicio de procedencia en contra de igual número de servidores públicos, entre ellos el expresidente Felipe Calderón; el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y Enrique Peña Nieto, en su calidad de exgobernador del estado de México.
El diputado Omar Ortega (PRD) explicó que la Sección Instructora determinó dar carpetazo a esas 27 solicitudes, debido a que feneció el tiempo para su procesamiento o bien porque los promoventes carecían de facultades para interponer los procedimientos.
El legislador estimó que la conclusión de esos procedimientos se trata de un “premio de Navidad” para los exfuncionarios que fueron denunciados.
“Yo entiendo que la intención es darles, ahora, su bono a los responsables, a los representantes sociales que de alguna manera tienen que ver con casos de corrupción, de malversación de recursos, de inoperancia de las políticas públicas y de una manera u otra, llegando el tema decembrino, dar carpetazo y por terminado los asuntos de 27 personas o servidores públicos”, consideró.
Algunos de los funcionarios que fueron excluidos del procedimiento de declaración de procedencia son el exprocurador del DF, Bernardo Bátiz; el extitular de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza; el exgobernador actualmente preso de Tabasco, Andrés Granier; el exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles; el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, entre otros.
La declaración de procedencia está vinculada a la materia penal; es decir, a los ilícitos que de esta naturaleza puedan cometer los servidores, según establece el Artículo 111 de la Constitución. Este proceso parlamentario era conocido en la práctica como desafuero, para separar de su empleo, cargo o comisión al funcionario y dejarlo a disposición de las autoridades jurisdiccionales.
El diputado Omar Ortega recordó que en la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados también está pendiente desahogar los 320 expedientes en que ciudadanos han solicitado un juicio político en contra de funcionarios y exfuncionarios.