Nuevas denuncias de la SGP a exfuncionarios
Por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones
Cancún, QR. LA SECRETARÍA de la Gestión Pública (SGP) de Quintana Roo presentó siete nuevas denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones en contra de exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo.
Rafael del Pozo, titular de la SGP, dijo que el ex gobernador “es el gran responsable del desorden administrativo y de la manera como deplorablemente mermaron el patrimonio de Quintana Roo”.
El monto de los desvíos, afirmó, asciende a los 2,388.3 millones de pesos, a lo que se suman dos denuncias por la venta irregular de 9,500 hectáreas de reserva territorial del estado, interpuestas el mes pasado ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Quintana Roo.
Adelantó que están en proceso más denuncias, pero hasta el momento suman nueve, más las que están pendientes en contra de los extitulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen por haber operado despojos de inmuebles en contra de particulares.
En las siete denuncias interpuestas ayer están involucrados funcionarios de Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), “lo cual pone de manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración se presentaron de manera generalizada y organizada”, aseguró.
Los nombres mencionados son Fernando Escamilla Carrillo, extitular de la Sintra; Ariel Federico Meeser Soureau y Andrés Canul, ambos exsubsecretarios de la Sintra; Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Sefiplan; Eliezer Villanueva, exsubsecretario técnico hacendario de la Sefiplan, así como Paulina García Achach y Mauricio Rodríguez Marrufo, ambos exsecretarios de la Seduvi.
Rafael del Pozo confirmó que también están involucrados servidores públicos de menor rango, pero no dio a conocer sus nombres.
Recordó que ya se había denunciado a la titular del Instituto del Pa
trimonio Estatal por la enajenación de predios por debajo de su valor y por la aplicación de subsidios que no tienen sustento legal, lo que generó un daño patrimonial importante.
Las denuncias interpuestas ayer van en el mismo sentido, pero ahora en contra de funcionarios de la Seduvi, por la misma irregularidad.
En esa denuncia se señalaron al menos 11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anterior gobierno, por irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio del estado. En total, dichas enajenaciones suman alrededor de 9,500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, lo que equivale a más de seis veces toda la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres. En algunos casos “no llegaron a 1% de su valor real”, recordó del Pozo.
SINTRA
Por su parte, en la Sintra la denuncia es por la contratación irregular de renta de maquinaria por más de 700 millones de pesos durante dos ejercicios fiscales, durante los cuales no hay evidencia sobre la prestación del servicio. Además, están en proceso de investigación otros dos periodos cuya suma asciende a más de 1,519 millones de pesos.
“El total de las investigaciones que estamos llevando a cabo por la renta de maquinaria es por más de 1,519 millones de pesos, pero dimos prioridad a las que pudieran ser objeto de pres- cripción, por eso la denuncia por los 700 millones de pesos”, explicó.
“Se rentaba la maquinaria, incluso en un pueblo chiquitito en Yucatán, que aparece como un emporio en materia de maquinaria, lo que nos lleva a presumir que las empresas a las que supuestamente se les rentaba la maquinaria no existen”.
CAPA Y SEFIPLAN
Con respecto a la CAPA, manifestó que este organismo recibió la contraprestación de Aguakán por 1,150 millones de pesos, tras habérsele otorgado la concesión para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad.
Además de esa suma, la CAPA solicitó un crédito bancario por 506 millones de pesos para proyectos productivos que fueron entregados, junto con el dinero de Aguakán, de manera íntegra a la Sefiplan, aun cuando debió haberse usado para infraestructura de agua potable y alcantarillado. “La información que nosotros tenemos es que a ese dinero se le dio uso en gasto corriente del gobierno”.
Sefiplan, indicó el titular de la SGP, es la secretaría que está involucrada en prácticamente todas las operaciones denunciadas, pues era la dependencia obligada que pagaba y a la que se le daba cuenta de todas las transacciones. “Primero porque ellos pagan, y tienen la responsabilidad de liquidar contratos que no tienen soporte”. Está relacionado no sólo el ex secretario, sino algunos de sus subalternos.
Por último, del Pozo aseguró que el gobierno de Carlos Joaquín “no va a fabricar culpables ni hace persecución de absolutamente nadie; somos los más interesados en garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
Las denuncias interpuestas ayer van en el mismo sentido, pero ahora en contra de funcionarios de la Seduvi.