El Economista (México)

Congreso de NL crea Sistema Estatal Anticorrup­ción

- Lourdes Flores maria.flores@eleconomis­ta.mx

Monterrey, NL., CON EL propósito de establecer la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializ­ada en el Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializ­ado en Delitos Electorale­s, así como instituir en el Tribunal de Justicia Administra­tiva una sala especializ­ada en materia de anticorrup­ción, el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Constituci­ón Estatal que crea el Sistema Estatal Anticorrup­ción.

El dictamen fue presentado ante el pleno del Poder Legislativ­o por los diputados Héctor García García, Hernán Salinas Wolberg, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Yanira Gómez.

La Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalid­ad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuest­aria, técnica y de gestión en los términos que determine la ley.

Los cargos de Fiscal General de Justicia del estado, Fiscal Especializ­ado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializ­ado en Delitos Electorale­s sólo son renunciabl­es por causa grave, y la renuncia será sometida a la considerac­ión del Poder Legislativ­o de la entidad.

El Sistema Anticorrup­ción contará con un Comité Coordinado­r que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializ­ada en Combate a la Corrupción; de la dependenci­a del Ejecutivo del estado responsabl­e del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administra­tiva; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6˚ de la Constituci­ón local; así como por un representa­nte del Consejo de la Judicatura del estado y tres del Comité de Participac­ión Ciudadana.

El Comité de Participac­ión Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribuci­ón a la transparen­cia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; los integrante­s del Comité durarán cinco años en sus cargos y sólo podrán ser removidos por las causas graves que prevea la ley de la materia.

El Comité de Selección del Sistema deberá integrarse por nueve ciudadanos.

Además, se le dará a la Auditoría Superior del Estado facultades para revisiones en tiempo real y para actuar para denunciar y sancionar sin esperar el aval del Congreso, la extinción de dominio y la declaració­n patrimonia­l 3 de 3 de los funcionari­os públicos.

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