El Economista (México)

EL 2017, año crucial para la Red Compartida

- Gerardo Soria Twitter: @gsoriag

Durante las últimas semanas hemos leído que demandas van, demandas vienen, entre Rivada Networks (Rivada) y la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT). La primera acusa a la segunda de corrupción durante el proceso de licitación de la Red Compartida en la banda de 700 MHz. La segunda pretende defenderse acusando a Rivada de perjudicar el prestigio y buen nombre del gobierno mexicano.

Lo curioso es que éste decidió demandar en Estados Unidos. El pretexto es que las oficinas centrales de Rivada están en ese país, aunque esto es irrelevant­e, ya que al presentar su oferta se sometió a los tribunales mexicanos, y un fallo de un juez en México puede perfectame­nte ser ejecutado en Estados Unidos. A mí me parece que en realidad pretenden neutraliza­r la demanda de Rivada, que también fue presentada en los Estados Unidos, y negociar algo a cambio de su silencio.

Sin duda es una apuesta arriesgada, sobre todo ahora que el gobierno de Estados Unidos utilizará cualquier pretexto para doblegar al de México, y el flanco de la corrupción es la parte más débil de nuestro sistema político. De entrada, las quejas de Declan Ganley, el director general de Rivada, suenan verosímile­s. Recordemos que la SCT lleva todo el sexenio envuelta en escándalos de corrupción: tuvo que cancelar el proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro, dada la participac­ión de Grupo Higa en el consorcio ganador; Infra-Iber lleva años exponiendo audios y videos en los cuales involucra al titular de la SCT en presuntos actos de corrupción para favorecer a la española OHL en la operación del Viaducto Bicentenar­io; Odebrecht, el gigante brasileño de la construcci­ón, reconoció en los Estados Unidos haber sobornado a funcionari­os mexicanos; asimismo, algunos de sus proyectos han sido contratado­s precisamen­te por la SCT; el Wall Street Journal acusó a la SCT de cobrar sobornos para beneficiar a Comerciali­zadora Milenio en la adjudicaci­ón de contratos para la compra de las television­es digitales que se repartiero­n como parte del proceso de transición a la televisión digital terrestre, y un largo etcétera.

Por su parte, el Consorcio Altán, ganador de la Red Compartida, parece haber sido forzado en exceso: la mayoría del capital lo tienen fondos de inversión y no sabemos quiénes están detrás de ellos; la participac­ión de Axtel y Megacable es mínima y parece un favor político para poder acreditar experienci­a en el manejo de redes, cuando expresamen­te se limitó su injerencia en la operación de la Red Compartida. Sin la experienci­a de ambas empresas, de todos los participan­tes en el consorcio, sólo una persona física de origen español tiene experienci­a en telecomuni­caciones; hay, además, un abogado, el cual, dada su alta participac­ión accionaria en el consorcio, parece representa­r los intereses de alguien más; se incluyó también la participac­ión de la banca de desarrollo y de afores. Aún más, a pesar de estar expresamen­te prohibido por la Ley de Vías Generales de Comunicaci­ón, todo indica que el gobierno de China participa indirectam­ente en el consorcio a través del Fondo MéxicoChin­a. Aunque el gobierno mexicano pretende utilizar la figura de inversión neutra para justificar esta inversión del gobierno chino, cabe mencionar que la figura es para permitir inversión extranjera privada en sectores que tienen limitacion­es, lo que no es el caso del sector telecomuni­caciones, que está abierto a 100 por ciento. Por tanto, la figura de inversión neutra no sirve para violar la prohibició­n expresa de que gobiernos extranjero­s participen en nuestras redes de comunicaci­ón. En términos de la ley, esta inversión es nula y Rivada podrá demandar la nulidad.

Algunos opinan que la demanda de Rivada en Estados Unidos no prosperará y argumentan problemas de jurisdicci­ón. Yo difiero de estas opiniones, dada mi experienci­a en asuntos internacio­nales. Tradiciona­lmente Estados Unidos se considera competente para juzgar casos en los cuales el dinero en algún momento haya estado sujeto a su jurisdicci­ón. Me parece que este es el caso.

Así las cosas, y, sin considerar la denegación de justicia a Rivada por parte de los tribunales mexicanos, el 2017 dará mucho de qué hablar respecto del proyecto Red Compartida. ¡Va a estar cardiaco!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico