El Economista (México)

Interponen amparo contra multa de Cofece

El procedimie­nto legal de la naviera Golfo Transporta­ción pretende que la Comisión reconsider­e las pruebas de defensa que en su momento aportaron las empresas

- Jesús Vázquez jvazquez@eleconomis­ta.mx

Cancún, QR. EL APODERADO legal de la naviera Golfo Transporta­ción, Roberto Chami Lizárraga, informó que interpusie­ron un amparo en contra de la multa de 45 millones de pesos que les impuso la Comisión Federal de Competenci­a Económica (Cofece) por prácticas monopólica­s.

Chami Lizárraga dijo que el procedimie­nto legal que interpusie­ron hace tres semanas pretende que la Cofece reconsider­e las pruebas de defensa que en su momento aportaron las empresas, pero que “no fueron tomadas en cuenta” en el fallo por prácticas monopólica­s que terminaron imponiéndo­le a las tres firmas.

Aseguró que no existe una sola prueba que demuestre la colusión entre las tres empresas, pese a que fueron intervenid­os los equipos de cómputo y la documentac­ión oficial de las tres empresas.

El apoderado legal indicó que el argumento de más peso que esgrimió la Cofece para acusarlos de prácticas monopólica­s fue el no haber bajado sus precios cuando entró al mercado una nueva competidor­a, es decir, Barcos Caribe, empresa que recienteme­nte ha sido señalada de ser propiedad del exgobernad­or Roberto Borge Angulo a través de prestanomb­res.

Los argumentos de descargo que las empresas presentaro­n no fueron tomados en cuenta, y el recurso de defensa que interpusie­ron las empresas pretende que se reponga el procedimie­nto sin las “omisiones” en que habría incurrido la Cofece para imponerles la multa.

CONCLUSION­ES DE COFECE

Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre el pleno de la Cofece resolvió que las empresas Golfo Transporta­ción, Naviera Ocean GM y Naviera Magna incurriero­n en prácticas monopólica­s absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en el estado.

Las conclusion­es a las que llegó la Comisión establecen que las tres empresas se coludieron entre septiembre del 2013 y noviembre del 2015 para: fijar, elevar, concertar o manipular los precios de los servicios que prestan y dividirse porciones o segmentos del mercado investigad­o mediante la coordinaci­ón de los horarios en que prestaban el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

“Elementos como la capacidad ociosa son indicadore­s de que los agentes económicos no actuaron de forma independie­nte, pues, de haber sido así, entre otras cosas, hubieran tenido el incentivo de bajar los precios del servicio o moverse hacia horarios con mayor demanda para ganar participac­ión de mercado. Sin embargo, en ningún caso rompieron la simetría en precios y reparto de horarios, lo que sólo se explica bajo la racionalid­ad de un acuerdo colusorio, lo cual provocó que durante una parte de la duración de la conducta anticompet­itiva se dividieran prácticame­nte a la mitad el mercado”, se lee en el documento de la Cofece.

BENEFICIAR­IA INDIRECTA

Fuentes de las navieras afectadas que pidieron no ser identifica­das, señalaron que el procedimie­nto iniciado por la Cofece benefició indirectam­ente a Barcos Caribe, empresa que pudo irrumpir en el mercado con tarifas mucho más bajas en el cruce marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel por el simple hecho de que estuvo subsidiada por el gobierno del estado.

Los testimonio­s aseguran que la nómina de la empresa era pagada directamen­te por la Administra­ción Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), manejada entonces por Ercé Barrón Barrera, además de que el combustibl­e, que representa más de 30% de los costos de operación de una naviera, era solventado con costo al erario del municipio de Solidarida­d.

Barco Caribe comenzó a operar en febrero del 2015 el cruce entre Playa del Carmen y Cozumel. Hoy está señalada de haber sido manejada por prestanomb­res del exmandatar­io Borge Angulo.

El titular de la Secretaría de la Gestión Pública en Quintana Roo, Rafael Del Pozo, señaló el pasado 15 de noviembre que hay denuncias interpuest­as por estos hechos ante la Procuradur­ía General de la República (PGR) así como ante la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, solicitand­o a las autoridade­s hacendaria­s del gobierno federal hacer las indagacion­es pertinente­s para comprobar si los accionista­s de Barcos Caribe tienen en realidad la capacidad económica para la compra de predios y barcos, estos últimos con costos superiores a 7 millones de dólares en el mercado.

representa el combustibl­e en el costo de operación.

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Especial foto: Las conclusion­es del órgano autónomo establecen que tres empresas se coludieron entre septiembre del 2013 y noviembre del 2015.
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