El Economista (México)

INFLUENCIA­S, CLAVES EN EL PODER JUDICIAL

El documento expone que 54% de los jueces considera que tener contactos políticos influye en la posibilida­d de ser beneficiad­os laboralmen­te

- Ana Langner

La encuesta Justice in Mexico revela que las palancas son clave para jueces y ministerio­s públicos.

MÁS DE la mitad de los jueces y defensores públicos consideran que los contactos políticos son más efectivos para permanecer en el cargo o ser nominado para un cargo superior, de acuerdo con el proyecto Justice in Mexico, a través de su más reciente reporte.

En el documento“Justicia barómetro 2016. Perspectiv­as del sistema de justicia penal en México ”, este programa recoge que la mayoría de jueces (54%) y defensores públicos (65%) y 37% de agentes del ministerio público consideran que los funcionari­os con buenos contactos políticos tienen más posibilida­des de permanecer en su cargo o de ser nominados pa un nivel superior.

Los números revelan asimismo que 4% de los jueces, 70% de los agentes del ministerio público y 58% de los defensores públicos consideran que tener experienci­a y formación influye positivame­nte en la posibilida­d de ser ratificado­s o ascendidos.

Justice in Mexico, programa, de la Universida­d de San Diego en Estados Unidos, llevó a cabo por segunda ocasión el estudio Justiciaba­rómetro

de operador es del sistema de justicia penal en 11 estados del país. Aplicó cuestionar­ios a 288 jue- ces, 279 agentes del Ministerio Público y 127 a defensores públicos. El estudio tuvo una tasa de respuesta de 56% y un margen de error de 2.4%, con un nivel de confianza de 95 por ciento.

El estudio recoge que más de la mitad de los operadores del sistema penal acusatorio tienen estudios de posgrado, aunque los agentes del ministerio público lo presentan con menos frecuencia.

Los resultados precisan que 57% de los operadores cuenta con estudios de posgrado terminados, entre los cuales el nivel más alto de estudios se observó en jueces, ya que 63% tiene maestría. En comparació­n, 30% de los agentes del ministerio público y 44% de los defensores públicos tienen estudios de este grado.

Desde el 2008, año de la reforma

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