Para un ascenso, justicia
en materia penal, Nancy G. Cortés, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk, autores del estudio cuyo título es “Perspectivas del sistema de justicia penal en México: ¿Qué piensan sus operadores?”, detectan una rotación sustancial entre juzgadores.
Los números arrojan que más de dos tercios de los juzgadores fueron nombrados en algún momento después de las reformas del 2008. Incluso el porcentaje de jueces con menos de dos años de experiencia en su posición aumentó de 13% en el 2010 a 26% en el 2016, mientras que el porcentaje con 10 años o más en su posición disminuyó de 34% en el 2010 a 17% en el 2016.
Asimismo, la investigación revela una gran diferencia en salarios entre operadores, en particular entre agentes del ministerio público y defensores, pues 63% de los jueces gana más de 30,000 pesos mensuales, mientras que la mayoría de los agentes del ministerio público (72%) y defensores públicos (82%) gana menos de esta cantidad. Sin embargo, los resultados indican que un mayor número de agentes del ministerio público tiene acceso a rangos de salarios más altos que los defensores públicos.
El documento expone que, para obtener su cargo actual, la gran mayoría de las autoridades en las tres funciones tuvieron que tomar un examen general de conocimientos, requisito que según las opiniones de los encuestados se cumple de manera más o menos uniforme.
Con el objetivo de cuantificar la imparcialidad de los jueces, se preguntó que, si al desempeñarse en su cargo, algunas veces deben considerar aspectos políticos, morales,
El proyecto sugiere que el gobierno y los estados deben canalizar recursos para especializar a profesionales jurídicos.
económicos, etcétera.
Tratándose de aspectos políticos, 9% de los jueces reportó que en ocasiones debe considerarlos al desempeñarse en su cargo.
Sobre la profesionalización del sector judicial, el proyecto Justice in Mexico sugiere que los gobiernos, federal y estatales, canalicen recursos a los colegios de abogados para revisar sus planes de estudio y crear programas especiales con el fin de que los profesionales jurídicos adquieran la formación y la educación necesarias para operar dentro del sistema oral adversarial.
Otra posibilidad que proponen los especialistas sería que el Congreso de la Unión ordene que todos los jueces, agentes del ministerio público y defensores públicos deban obtener una capacitación específica para ejercer la ley bajo el nuevo sistema, o un número específico de horas de educación continua cada año.