Regulación ante perturbación de la paz, pendiente
Propone que la restricción de derechos proceda en casos de invasión que pongan a la sociedad en peligro
DESDE HACE poco más de tres años, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa mediante la cual se pretende regular las facultades de las autoridades en casos de invasión o perturbación grave de la paz pública y estipular que no será facultad exclusiva del Ejecutivo federal decretar el Estado de Emergencia. La propuesta pasó por el Senado y hoy se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, mediante la que se expediría la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política, tiene por objeto crear un marco reglamentario encaminado a regular el ejercicio de las facultades de las autoridades y el procedimiento para restringir o suspender en todo el país —o en un lugar determinado— el ejercicio de determinados derechos y garantías.
El dictamen aprobado en la Cámara Alta retomó la iniciativa presentada el 14 de agosto del 2013 por diversas senadoras y senadores, así como la del 22 de octubre, entregada por el Poder Ejecutivo federal.
Desde la tribuna, para referirse al dictamen aprobado de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, argumentó en su momento que: “En un Estado democrático la creación de disposiciones jurídicas temporales para regular las situaciones graves y excepcionales que puedan poner en riesgo al Estado o la sociedad, debe ser un proceso claramente regulado y sujeto a decisiones y acciones de emergencia, cuyo único fin debe ser restablecer la situación de normalidad”.
Abundó que la regulación de los estados de emergencia o de excepción no sólo deben contemplar el procedimiento para decretar esta restricción o suspensión de garantías, sino que además faculte a otras instancias o poderes del Estado democrático para que intervengan y controlen permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo.
El artículo 29 de la Constitución establece que “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado”.
La Ley Reglamentaria estipula que el Congreso de la Unión tendrá 48 horas para aprobar dichas situaciones de excepción, luego de que el Ejecutivo federal envíe la iniciativa. La restricción de los derechos ciudadanos será supervisada, también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 13 de diciembre del 2016, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la minuta del Senado que expide la Ley Reglamentaria. Sigue pendiente su aprobación en el pleno de San Lázaro.
La iniciativa regularía las facultades de las autoridades y el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado, el ejercicio de garantías.
Se evidenció la incapacidad de los cuerpos de seguridad para reaccionar... (en tanto que) el Ejército ya no quiere cargar con la responsabilidad... de reprimir ”.
José Antonio Álvarez, académico de la UNAM.
SAQUEOS Y LA FALTA DE LEY
Los disturbios derivados del aumento del precio en las gasolinas son debidos al incumplimiento de una promesa reiterada por la actual administración, que fue bajar el costo de los combustibles, “un error político”, menciona José Antonio Álvarez León, experto en seguridad interna por la UNAM.
El especialista precisa que además de que las manifestaciones han sido utilizadas por el oportunismo de algunos grupos delincuenciales, significan una llamada de alerta por parte de las clases más desprotegidas, ya que si se observa en primera instancia, los saqueos se han dado “en colonias populares o en zonas urbanas donde hay pobreza, como Ecatepec o Tapachula”.
Álvarez León agrega que los acontecimientos pueden degenerar en la “anomia social o descomposición social; entendiendo la anomia social como la falta de ley, pero porque ya no se observa la autoridad, porque ya no se cree en la autoridad, porque se tiene decepción en la autoridad”.
Para el especialista, las protestas no durarán mucho más debido a la estrategia, dice, que ha seguido el Estado en los últimos años: esperar a que las aguas se calmen, además de la propia sociedad que no sigue protestas en el largo plazo. “El mexicano no es un puebloque mantenga coyunturas de cambio porque me parece que no las hay específicas… La parte de la violencia física va a ir disminuyendo, que es a lo que le apuesta el Estado, a la vez que enrarecerá el clima político y surgirán oportunismos”.
El experto agrega que los acontecimientos dejaron ver que existe un rompimiento en el binomio seguridad pública y fuerzas federales como el Ejército y la Marina, los cuales se habían encargado de mantener el orden público anteriormente. “Se evidenció la incapacidad de los cuerpos civiles de seguridad pública para reaccionar ante tales acontecimientos (en tanto que) el Ejército ya no quiere cargar con la responsabilidad histórica, política y jurídica de reprimir a la sociedad o de interactuar activamente hacia la sociedad para acreditar al gobierno”, expone Álvarez León.
Después de que los saqueos iniciaran el primer día del año, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció en dos ocasiones sobre el tema; la primera después de anunciar cambios en su gabinete, donde reintegró a Luis Videgaray, al cual colocó al frente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; la segunda, ese mismo día durante un mensaje grabado y transmitido en cadena nacional.
En ambos mensajes, Peña Nieto justifica la decisión del alza como algo impostergable y, de haberse hecho así, con altos costos para la sociedad, además de indicar que el alza de los combustibles es debido a causas externas como el aumento del costo de petróleo en el mundo.
En este sentido, Álvarez León explica que se pueden tener dos lecturas de los mensajes de EPN: la primera es hacia todos los firmantes del Pacto por México, a los cuales les dice que las decisiones fueron necesarias y consensuadas y, la segunda, puntualiza el especialista, es un mensaje de asimilación de los cambios. “Escuchábamos al senador del PAN, Ernesto Cordero, que decía ‘pues sí, pero ya no hay remedio, lo tenemos que aceptar’, (...) lo está criticando pero al mismo tiempo son actores que consensuaron”.
Asegura el especialista que el apoyo por parte del PRI a Peña Nieto en el alza de los combustibles era de esperarse, debido a la vida institucional del partido, de la cual emana el presidencialismo.
NO CRIMINALIZAR PROTESTAS, PIDEN
Frente a los hechos violentos registrados en últimas fechas en el contexto de las protestas contra el aumento de los precios a la gasolina en México, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hizo un llamado al Estado mexicano a evitar generalizar los actos de protesta bajo una lógica criminalizante.
Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, —organización que forma parte del Frente— explica que a lo largo de la República Mexicana las fuerzas locales y federales de policía están impidiendo manifestaciones (en su modalidad de marchas, bloqueos o tomas simbólicas), argumentando evitar actos de vandalismo.
Para Ventura, es necesario que las autoridades “saquen el foco de atención a lo que se ha denominado como saqueo y reconocer —primero— que existe una inconformidad general por la decisión estatal de aumentar el precio de los combustibles”.
Explicó que al Estado le corresponde detectar y detener a las personas o grupos que han cometido desmanes y agresiones a locales o centros comerciales privados, sin que ello sea motivo de una criminalización general a la protesta social.
Es menester también de las autoridades “reconocer la importancia de la protesta social como un indicador del descontento que se tiene por una medida tomada, como es el aumento del precio de las gasolinas”, opina Carlos Ventura.
El FLEPS documenta que, derivado de la noticia de la Secretaría de Hacienda sobre el aumento en los precios de la gasolina, a partir del 1 de enero del 2017
se registra una reacción de descontento y rechazo social ante las implicaciones económicas que representa en los hogares mexicanos.
Esta inconformidad social, abunda el Frente, se ha traducido en una serie de manifestaciones, a través de marchas, tomas simbólicas de gasolineras, bloqueos en carreteras, así como plantones frente a edificios gubernamentales, además de existir diversas convocatorias en redes sociales para seguir ejerciendo el derecho a la protesta. Hasta el día de hoy al menos en 28 entidades se registra algún tipo de manifestación. “Ante ello, resulta preocupante que desde los primeros días de estas múltiples protestas, ya se han presentado en varias entidades, algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas
corporaciones del país, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines, contra personas manifestantes”, indica el FLEPS a través de una postura oficial.
Carlos Ventura insiste en que es obligación de las autoridades diferenciar entre desmanes y protestas sociales. Asimismo, expuso la necesidad de cambiar el foco de atención en los operativos y centrar a la persona en el centro de protección, ello incluye a los propios manifestantes.
Es de mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que, sin afectar el legítimo ejercicio de derechos tales como la libre expresión de ideas y la protesta social, implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física y patrimonial de las personas.