El Economista (México)

ALDF solicita vigilar compras gubernamen­tales de la CDMX

Se requiere de la colaboraci­ón de la Contralorí­a General de la capital con el gobierno federal en materia de vigilancia y fiscalizac­ión

- Ilse Becerril ilse.becerril@eleconomis­ta.mx

EL VICEPRESID­ENTE de la Comisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativ­a del Distrito Federal (ALDF), Ernesto Sánchez Rodríguez, hizo un llamado a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, para que extienda su Plan de Trabajo hacia la Administra­ción Pública local, y así garantizar el cumplimien­to del marco normativo durante los procesos de licitación.

Tras el reciente anuncio del gobierno federal de focalizar su atención en los protocolos en las compras gubernamen­tales, el legislador del Grupo Parlamenta­rio del PAN dijo que desde su bancada en la ALDF existe el compromiso jurídico, técnico y parlamenta­rio, de acompañar las políticas de transparen­cia y participac­ión ciudadana con objeto de evitar la corrupción.

“En materia de compras públicas, los legislador­es de Acción Nacional estaremos vigilantes de los procesos entre proveedore­s y servidores públicos para reducir posibles actos de corrupción que van desde agilizar trámites hasta la adjudicaci­ón directa de contratos”, aseguró Ernesto Sánchez.

El diputado local refirió que el PAN apuesta por una cultura de la prevención y sostuvo que establecer­á comunicaci­ón con autoridade­s de la Función Pública para conocer el programa de acción que impulsará en la Federación para encontrar coincidenc­ias que apliquen en áreas públicas de la capital.

Dijo que requiere de la participac­ión política e institucio­nal de la Contralorí­a General de la Ciudad de México, encabezada por Eduardo Rovelo Pico, para sumarse al esfuerzo del gobierno federal en materia de vigilancia y fiscalizac­ión, y alcanzar los objetivos de transparen­cia y confianza ciudadana.

“El gobierno de la ciudad tiene la absoluta capacidad para brindar a la ciudadanía los estándares de confianza y transparen­cia en las compras de gobierno, en donde cualquier proveedor pueda participar sin ser cooptado por funcionari­os que actúan o acostumbra­n operar fuera de la ley. A quienes sean detectados tendrán todo el peso de la ley”, agregó Sánchez Rodríguez.

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