En el Senado, pendientes temas anticorrupción
LOS SENADORES mantienen leyes y nombramientos pendientes de primer orden, por ejemplo los vinculados a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La primera tarea que podría ser abordada en el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero, es el nombramiento del nuevo fiscal Anticorrupción, y que estará adscrito a la Procuraduría General de la República.
La elección de este nuevo cargo se hará entre una treintena de candidatos que cubrieron los requisitos.
Originalmente eran 32 aspirantes, pero Ximena Puente de la Mora, actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, retiró su candidatura al cargo argumentando que con ello se podrían dar los acuerdos necesarios entre las fuerzas políticas para que el nuevo fiscal y la fiscalía de reciente creación operen con “fuerza y a plenitud”.
A su vez se ha creado un debate en torno a la nueva figura, ya que algunas fuerzas han señalado que debería ser el nuevo fiscal general de la República quien haga este nombramiento una vez que tome posesión del cargo, lo cual se tiene previsto sea para el 2018.
Otra legislación que está en el tintero es la Ley General de Archivos, en la que los círculos académicos han puesto un especial énfasis, y han pedido que este órgano sea descentralizado de la Secretaría de Gobernación por considerar que hay un conflicto de intereses si ésta administra la memoria documental del país.
Asimismo, un tema que estaba hasta hace poco dentro de las prioridades de la Cámara Alta era la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, mejor conocido como el TPP. Este acuerdo había captado la atención debido a las potencias manufactureras y exportadoras que se asociarían en el tratado.
No obstante, después de que Estados Unidos puso en duda su participación, el interés en el tratado perdió vigencia.
Una ley que ha sido recurrentemente solicitada por Organizaciones No Gubernamentales para que sea aprobada por el Senado es la relativa a la desaparición forzada, la cual durante algunos meses estuvo dentro de la agenda pública; sin embargo, fue enterrada en comisiones de la Cámara.
Por último, la Ley que regulará a las Fuerzas Armadas en su actuar en la lucha contra el crimen organizado ha sido solicitada para que sea aprobada no sólo por la sociedad civil, sino por las mismas fuerzas federales.
En diciembre del 2016, el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, instó a que esta regulación sea aprobada, incluso algunos legisladores especularon en aquel entonces con un periodo extraordinario para la discusión de esta norma, lo cual no ha sucedido hasta ahora.