Reducir dinero a partidos
El modelo electoral mexicano apostó por alejar los dineros privados del financiamiento a partidos políticos, buscando con ello generar condiciones de independencia y equidad en la competencia por cargos de gobierno o representación legislativa frente a intereses económicos particulares. Ésa es la razón fundamental por la que el Artículo 41 constitucional dispone que el presupuesto público que se destina a partidos siempre debe prevalecer sobre los recursos privados que utilicen y ser suficiente, lo que no es o no debe asumirse como sinónimo de excesivo o intocable por siempre.
En el contexto económico por el que atravesamos este inicio de año, la exigencia de austeridad en el gasto público es constante y explica que se hayan manifestado nuevamente voces que expresan malestar o afirman, con argumentos serios y respetables, que debe modificarse la fórmula de financiamiento para reducir, con diversas condicionantes, la cantidad de dinero que este año se reparte entre 10 partidos nacionales, la cual asciende en conjunto a 4,138 millones de pesos.
Coincido en que es legítimo discutir con seriedad medidas que reduzcan los gastos en política sin que eso signifique desconocer la regla de prevalencia que mandata la Constitución y que apoyan especialistas de instancias reconocidas como la OEA en sus estudios sobre el tema. En “Política, dinero y poder”, como lo referimos hace un par de años en estas páginas, la OEA concluyó que “si los subsidios electorales han de tener un efecto visible en las prácticas de financiamiento (en particular reduciendo la dependencia de los partidos y candidatos respecto del financiamiento privado), es obvio que deben tener un monto significativo” (FCE, 2011).
Por eso no me sumo al discurso antipolítica que llega al extremo de pedir que se cancele todo recurso público a partidos cuando no haya campañas y hasta cuando sí haya o el que dice que lo mejor sería cambiar a un esquema parecido al de Estados Unidos —a mi modo de ver, incompatible con la enorme desigualdad que impera en América Latina—, en dondese permiten aportaciones millonarias de empresarios a su candidatura preferida.
Tampoco quisiera envolverme en la bandera que cosecha el aplauso fácil de actores partidistas diciendo que loque reciben está bien así, que no cabe ninguna reducción, que disminuir su financiamiento público sería llevar a la quiebra la libre asociación, volverla poco competitiva, orillarla a tocar puertas de recursos ilícitos o de plano estar a favor de “privatizar” la política.
Me parece que hay algunos extremos y vale la pena abonar a una discusión informada para discutir la posibilidad derecortar las prerrogativas sin poner en riesgo la vida partidista que es necesaria en cualquier modelo de democracia. Creo que sí es posible discutir algunos elementos que en un futuro pudieran reducir el monto o condicionarlo a votos y votantes.
La fórmula constitucional que determina el dinero público para partidos multiplica 65% del salario mínimo vigente en la CDMX (hoy unidad de medida) por el número de personas que están registradas en el padrón. Eso significa que mientras más millones de personas estén en el padrón, más millones de pesos se destinan a partidos que buscan representar a ese universo de votantes, de ahí la constante (y razonable) crítica que pide vincular la fórmula de cálculo a la lista nominal y no al padrón, porque la lista nominal es la que representa a las y los mexicanos que pueden efectivamente votar, la versión depurada y actualizada del padrón de cara a comicios (el padrón es hoy de 85.6 millones de personas y la lista nominal de 84.2 millones).
Esa bolsa de financiamiento público se reparte entre los partidos con registro de manera proporcional: 70% acorde a los votos que reciben y 30% de forma igualitaria para todos; es decir, no se incrementa el dinero público si se incrementa el número de partidos, lo que ocurre es que les toca menos a todos si logran registros nuevos y en consecuencia entran al reparto (misma bolsa para más partidos), lo que demuestra que tampoco se ha privatizado o puesto en riesgo la democracia, ni se ha acabado la competencia cuando lograron registro tres nuevos partidos previo a los comicios del 2015.
Otro elemento que está presente en la discusión es vincular más los recursos al número de votos obtenidos. Aquí hay aclarar que eso ya sucede, si consideramos que los partidos que más votos tienen reciben más prerrogativas; sin embargo, en la parte sustantiva de esa idea es cierto que con la fórmula vigente el financiamiento se reparte sobre votos “válidos” y no sobre el porcentaje de votos totales depositados en las urnas, porque se eliminan los votos nulos. Si se tomara como base para el reparto de financiamiento la votación total, incluyendo nulos, pues seguiría habiendo reparto proporcional a los votos, pero sería más precisa la proporción.
*Consejero del INE