Gobierno ha planteado mejorar la Ley de Extinción de Dominio
PESE A que el gobierno federal reconoce que el Cártel de Sinaloa movió, tan sólo entre el 2013 y el 2016 recursos por 5,376 millones de pesos, las instancias de justicia de nuestro país no pudieron confiscar la fortuna del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue extraditado la semana pasada a Estados Unidos.
En las respuestas a las preguntas parlamentarias de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal informó que la Procuraduría General de la República (PGR) “no ha localizado información en el sistema financiero mexicano sobre operaciones financieras, así como inmuebles o muebles registrados a nombre de Joaquín Guzmán Loera”.
Sin embargo, refirió que sí tiene identificadas a personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa que comanda Guzmán, y “el monto total presuntamente asociado a estas acciones, realizados entre los años 2013 y 2016, asciende a 5,376 millones de pesos”.
Aunque no eran bienes a nombre de Joaquín Guzmán Loera, la PGR informó en octubre del 2015 que había decomisado 11 avionetas, siete inmuebles, armas y droga en el Estado de México, Puebla y Sinaloa, que fueron utilizados para la segunda fuga de El Chapo el 11 de julio de ese año del penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
El 28 de octubre del 2015, la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, afirmó que esa institución le arrebataría a la estructura financiera de Joaquín Guzmán Loera “todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan”. Sin embargo, a la fecha, el gobierno federal no ha podido confiscar recursos ni propiedades de Guzmán.
LAS INCAUTACIONES
La PGR ha incautado únicamente ocho bienes mediante sentencia firme desde el 2010, según consta en informes de la propia dependencia.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la PGR tiene abiertas 255 averiguaciones previas, de las cuales 243 le han sido devueltas por los jueces para que el Ministerio Público federal recabe constancias, o bien por no contar con los elementos para demandar, lo que demuestra que la Ley Federal de Extinción de Dominio no ha sido funcional para arrebatar al crimen organizado el poder de sus estructuras financieras.
El 29 de agosto del 2016, la procuradora general de la República, Arely Gómez dijo que el gobierno federal presentaría una iniciativa al Congreso para mejorar esa ley, y por consiguiente perfeccionar el ataque a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos (PAN), había demandado al gobierno federal no extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán hasta que hubiera una negociación con Estados Unidos que le garantizara a México tomar parte de hasta 1,400 millones de pesos del narcotraficante.