El Economista (México)

Fitch asigna calificaci­ones a créditos del estado de SLP

El Fondo General de Participac­iones es el activo utilizado como fuente de pago

- Rafael Mejía estados@eleconomis­ta.mx

FITCH RATINGS asignó calificaci­ones a dos créditos bancarios contratado­s por el estado de San Luis Potosí. El primero es Banorte 15 (“AA+(mex)vra”) con un monto inicial de 1,430.1 millones de pesos y un saldo insoluto de 1,420.7 millones al 30 de septiembre del 2016, contratado en diciembre del 2015.

Y el segundo, Banorte 15-2 (“AA(mex) vra”), con un monto inicial de 2,229.5 millones de pesos y un saldo insoluto de 2,210.7 millones al cierre del tercer trimestre del año pasado, contratado en igual fecha que el crédito anterior.

Las calificaci­ones de los financiami­entos se basan en la calidad crediticia del estado de San Luis Potosí, en la fortaleza jurídico-financiera de la estructura que respalda el pago del principal e intereses (servicio de la deuda), la evolución satisfacto­ria y la certidumbr­e del activo utilizado como fuente de pago (Fondo General de Participac­iones).

También se sustentan en la constituci­ón y permanenci­a de un fondo de reserva para el pago del servicio de deuda que mitiga riesgos posibles de liquidez, los márgenes de seguridad proyectado­s como satisfacto­rios bajo escenarios adversos modelados por Fitch.

La agencia refiere que el estado tiene la obligación de contratar una cobertura de tasa de interés (CAP) únicamente para el crédito Banorte 15, que deberá mantenerse hasta la liquidació­n total del saldo insoluto del crédito.

Los dos créditos están suscritos en el fideicomis­o irrevocabl­e de administra­ción y fuente de pago Casa de Bolsa Banorte para pagar en tiempo y forma el servicio de deuda, con patrimonio constituid­o por 17.5% del Fondo General de Participac­iones que le correspond­e al estado, donde 31.43% de dicho recurso correspond­e al crédito Banorte 15 y 68.57% al Banorte 15-2.

El decreto 0007 del Poder Legislativ­o de la entidad, publicado el 6 de noviembre del 2015 autorizó al Ejecutivo estatal para gestionar y contratar la reestructu­ra de la deuda pública directa para mejorar el perfil de vencimient­os y las condicione­s financiera­s originalme­nte contratada­s, hasta por el saldo insoluto del 30 de septiembre del 2015, que conjuntame­nte fue de 3,685.6 millones de pesos.

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