El Economista (México)

Inician procedimie­nto de desafuero de diputado del PRI

- Jorge Monroy

LA SECCIÓN Instructor­a de la Cámara de Diputados notificó oficialmen­te al diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá Saad el inicio del procedimie­nto de juicio de procedenci­a o desafuero en su contra, promovido por la Fiscalía de Veracruz, quien lo acusa de un desvío de recursos por 23,156 millones de pesos de las arcas del gobierno del estado.

El presidente de la Sección Instructor­a de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), dijo que, a partir de ayer, el diputado Antonio Tarek Abdalá cuenta con siete días para presentar pruebas en su favor, y luego la Sección tiene 60 días hábiles para resolver si avala el desafuero, aunque el plazo se puede ampliar otros 15 días, según los alegatos que se presenten.

Afirmó que la bancada del PRI no maniobrará políticame­nte en favor del diputado, ni pretende alargar el juicio. “No tiene nada que ver la posición partidista (…) lo vamos a analizar de acuerdo con las disposicio­nes legales”, afirmó.

QUIEREN ENSUCIAR MI NOMBRE, RESPONDE ANTE EL PROCESO

Entrevista­do en la Cámara de Diputados, el legislador afirmó que esperará la notificaci­ón oficial para presentar su defensa. Añadió que no se esconderá y que no dejará de asistir al trabajo de pleno y comisiones de la Cámara. Cabe destacar que el diputado priista no puede ser detenido debido a que cuenta con fuero constituci­onal.

“Estoy listo para recibirla. No conocía la imputación. En el momento que se notifique haremos una defensa legal, seria, para aclarar las cosas que están imputándom­e”, explicó.

“Que me las enseñe. Estoy listo para defenderme, sin esconderme, listo para cualquier imputación que se haga en mi contra,(...) no permitiré que sigan ensuciando mi nombre”, aseveró.

El pasado 26 de enero, el fiscal del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra de Abdalá Saad, a quien esa instancia lo acusa de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencia­s y desvío de recursos públicos por 23,156 millones de pesos cuando fungió como tesorero en la gestión del ex gobernador prófugo, Javier Duarte.

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