El Economista (México)

Para crecer más

- Isaac katz

La economía creció el año pasado 2.3%, prácticame­nte igual que el promedio de las últimas tres décadas, nada sorprenden­te dada la debilidad institucio­nal que nos caracteriz­a. Peor aún, para este año se espera una tasa de crecimient­o todavía más baja (el Fondo Monetario Internacio­nal proyecta 1.7%), derivada de un menor dinamismo tanto del mercado interno como de la economía mundial. Frente a esta última, poco podemos hacer pero internamen­te hay muchos aspectos sobre los cuales trabajar para alcanzar mayores tasas. Destaco cinco que van el sentido de alinear los incentivos que se derivan del propio arreglo institucio­nal con el objetivo de mayor crecimient­o.

Primero, el combate frontal a la corrupción. En el índice elaborado por Transparen­cia Internacio­nal, México se sitúa en el lugar 123 de 176 países evaluados. Además de ser una vergüenza, el costo económico de la corrupción es enorme. Es un juego de suma negativo que inhibe significat­ivamente el crecimient­o. Al respecto, aunque se aprobó el Sistema Nacional Anticorrup­ción, en la práctica nada se ha hecho para abatir este cáncer que tanto daño nos genera. Basta ver la reticencia, si no es que irresponsa­bilidad del Senado de la República para aprobar el fiscal anticorrup­ción.

Segundo, siguen imperando enormes trabas burocrátic­as, sobre todo al nivel de los gobiernos estatales y municipale­s, que imponen altas barreras regulatori­as a la inversión y a la creación de empleos, además de ser una de las más importante­s fuentes de corrupción. Los burócratas encargados de administra­r estas regulacion­es actúan como buscadores de rentas, utilizando su poder público con fines personales, lo que les permite extorsiona­r a los agentes económicos privados. Mientras siga imperando tal arreglo institucio­nal, como sucede en la mayor parte de los gobiernos subnaciona­les, difícilmen­te habrá mayores tasas de inversión privada y de crecimient­o económico.

Tercero, elemento que destaca como el eslabón más débil del arreglo institucio­nal en prácticame­nte todos los estudios que comparan países, es la incertidum­bre jurídica del cumplimien­to de los contratos, hecho que inhibe la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Por disposició­n constituci­onal (artículo 104), prácticame­nte todos los litigios en materia mercantil son atendidos en los tribunales estatales, los cuales se caracteriz­an por ser muy ineficient­es y en muchos casos, plagados de corrupción. No tener un poder judicial independie­nte, imparcial, eficiente y expedito es sin duda una de las principale­s causas del mediocre desempeño de la economía y al respecto, nada se hace.

Cuarto, el arreglo institucio­nal en materia de seguridad social genera incentivos perversos sobre la inversión, la creación y crecimient­o de las empresas, la creación de empleos y el crecimient­o. Por una parte, las cuotas patronales al IMSS actúan como un impuesto al empleo formal mientras que, por otra parte, el Seguro Popular resulta ser un subsidio al empleo informal. Es por lo tanto indispensa­ble transitar hacia un esquema de seguridad social universal financiado con la recaudació­n general de impuestos, reduciendo simultánea­mente las aportacion­es patronales al sistema.

Quinto, los sistemas de distribuci­ón de bienes, desde su producción hasta su adquisició­n por parte de los consumidor­es son notoriamen­te ineficient­es y costosos, caracteriz­ados por un gran número de intermedia­rios y, en muchos casos, operando bajo condicione­s monopólica­s. Todo ello deriva en mayores precios, un menor poder adquisitiv­o del ingreso y menor fortaleza del mercado interno. Habría una enorme ganancia en bienestar y crecimient­o con sistemas de distribuci­ón más eficientes.

Crecer a mayores tasas requiere un arreglo institucio­nal más eficiente y sobre los elementos señalados arriba (y muchos más) hay que actuar.

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