Pagan multas por no desahogar juicios
LOS PRESIDENTES de las comisiones de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados, Álvaro Ibarra y Mercedes Guillén Vicente, ambos del PRI, pagaron este fin de semana la multa de 7,500 pesos que les impuso un juez federal por no convocar a sesión de la Subcomisión de Examen Previo para resolver los casos de juicio político que han solicitado ciudadanos en contra de políticos.
La Comisión de Justicia de la Cámara confirmó a El Economista que los diputados Ibarra y Guillén pagaron la multa “a nombre de las comisiones”. También notificó que los legisladores sí interpusieron un amparo, pero no en contra de la multa, sino del procedimiento que el juez les ordenó.
Los legisladores argumentaron que los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo votaron por unanimidad un procedimiento para depurar las 329 solicitudes de juicio político que están pendientes de resolver, el cual —dijeron— está en trámite.
Sin embargo, los diputados Ibarra y Guillén se comprometieron a que habrá sesión de la Subcomisión de Examen Previo este miércoles, para evitar que el juez les imponga una nueva multa con un apercibimiento.
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa impuso la semana pasada una multa de 7,500 pesos a los legisladores de la Subcomisión de Examen Previo, luego de que un ciudadano promovió un amparo debido a que dicha comisión no había sesionado para resolver la solicitud de juicio político que interpuso contra el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines.
Cabe destacar que de los 356 expedientes que tenía acumulados desde hace 10 años, la Sección Instructora ordenó el pasado 14 de diciembre desechar 27 solicitudes de juicio de procedencia en contra de igual número de servidores públicos, entre ellos el expresidente Felipe Calderón; el ejefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; y el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por haber fenecido el lapso para ser dictaminados.
Por su parte, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI), aclaró que no tiene ningún procedimiento pendiente de resolver, excepto el del diputado federal Antonio Tarek Abdala, a quien la Fiscalía de Veracruz acusa de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y desvío recursos públicos por 23,156 millones de pesos en la gestión del exgobernador prófugo, Javier Duarte.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que, para sustanciar la demanda de Juicio Político, la Subcomisión de Examen Previo (integrada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia) deberá analizar las denuncias de juicios políticos, y determinar si cumple con todos los elementos de prueba que permitan configurar la probable existencia de responsabilidades del servidor público denunciado.
En términos reales, la Subcomisión debe emitir, en un plazo no mayor a 30 días, una resolución sobre la procedencia de la denuncia y turnarla a las Comisiones unidas Gobernación y Justicia, para que éstas envíen su resolución a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.