El Economista (México)

Preocupa investigac­ión en caso Ayotzinapa

ONU-DH EMITE POSICIÓN

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LA OFICINA en México del alto comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó preocupaci­ón por la clasificac­ión de faltas leves que hizo la Visitadurí­a General de la Procuradur­ía General de la República (PGR) sobre las irregulari­dades en el tema Ayotzinapa.

“Es un caso emblemátic­o, sobre el cual recienteme­nte el alto comisionad­o para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein, reiteró la necesidad de dar seguimient­o a las recomendac­iones del Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH).

“Entre ellas está la investigac­ión de las irregulari­dades en la integració­n del expediente por parte de la PGR. Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparen­tarse y hacerse del conocimien­to de la sociedad”, dijo Jan Jarab, representa­nte en México del alto comisionad­o.

La investigac­ión, conducida por la Visitadurí­a General, habría identifica­do únicamente faltas leves, todas ellas calificada­s como administra­tivas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigac­ión penal, detalló la ONU-DH.

Las faltas administra­tivas habrían sido cometidas por nueve funcionari­os de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerio­s públicos), así como por su exdirector de la Agencia de Investigac­ión Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

No obstante, desde el inicio del caso de la desaparici­ón de 43 estudiante­s de la normal rural de Ayotzinapa, la ONU-DH ha documentad­o violacione­s a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas ligados con la integració­n del caso.

Este brazo de las Naciones Unidas afirma contar con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detencione­s arbitraria­s, transgresi­ones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionari­os de la PGR, los cuales fueron compartido­s con las autoridade­s nacionales.

En otro tema relativo a los derechos humanos, el gobierno de México respondió al reciente informe de Amnistía Internacio­nal, el cual señala la prevalenci­a de impunidad en las violacione­s graves que se cometen en el país.

A través de la Cancillerí­a, la Secretaría de Gobernació­n y la PGR, el gobierno expresó que “reconoce los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, al tiempo que refrenda su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos”.

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Foto: reuters La pesquisa en PGR habría identifica­do sólo faltas leves por irregulari­dades en la integració­n del expediente.

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