SERVICIO PROFESIONAL, SIN AVANCES
La ley que regula la profesionalización de los servidores públicos data del 2003, cuando era presidente Vicente Fox (PAN). Expertos opinan que el impedimento principal para que se haya avanzado, a más de una década de su aprobación, es la voluntad polític
Especialistas opinan que el Servicio Profesional de Carrera es de alcance limitado; analizan reformas.
EL SERVICIO Profesional de Carrera ha tenido un alcance limitado en la administración pública federal y local, debido, en mucho, a la voluntad política de los gobernantes. El panorama, opinaron analistas, no es nada alentador.
La mañana de este lunes dio inicio el primer Encuentro Internacional Anticorrupción: Hacia una nueva ley de profesionalización para el siglo XXI, organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Red por la Rendición de Cuentas en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México.
Durante la inauguración del encuentro, que se realizará hasta el próximo 8 de marzo, y que tiene como objetivo analizar una posible reforma a la ley del Servicio Profesional de Carrera (SPC), la titular de la Función Pública, Arely Gómez, indicó que este mecanismo “fue un paso importante, pero hoy es insuficiente” de cara a los nuevos retos que plantean leyes como el Sistema Nacional Anticorrupción.
La secretaria agregó que la profesionalización de los servidores públicos necesita contar con tres aspectos: debe ser “moderno, abierto e íntegro”.
La ley que dio vida al SPC, que depende a su vez de la SFP, data de la Presidencia de Vicente Fox, en el 2003.
Cuatro años después de su promulgación, en el 2007, se reformó su reglamento basándose en tres ejes: descentralización de la operación y centralización de la información; un rol normativo, además de especificar que los Órganos Internos de Control cumplirían la función de ser vigilantes de las correctas prácticas del servicio de carrera.
El Sistema Profesional de Carrera tiene como objetivo capacitar constantemente a los funcionarios para que hagan de forma más eficiente su trabajo, además de inhibir posibles actos de corrupción en las instancias que tengan a cargo.
Para Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, quien también estuvo presente en la inauguración del Encuentro Anticorrupción, la ley del SPC “tuvo un impacto bastante moderado por el universo de servidores a los cuales se les aplica, ya que se incluyeron cinco niveles jerárquicos de la Administración Pública”.
Estos niveles son: “Enlaces administrativos, jefes de departamento, subdirectores, directores y directores generales. Fueron los que se incorporaron en un universo que estaba previsto para 43,000 plazas y que al final de la ruta, al 2014, sólo había 36,000”.
En entrevista para El Economista, Morales recordó que en el 2012 la Auditoría Superior de la Federación realizó una evaluación del SPC en el cual encontró “bastantes deficiencias, no sólo en cuanto a los mecanismos de evaluación, sino también a las formas de capacitación, inclusive en el presupuesto que
La falta de profesionalización puede dar lugar a la falta de continuidad de muchas políticas y programas porque las personas, al ser cambiadas de un sexenio a otro, o en el cambio de titular de alguna dependencia, da lugar a que cosas que estaban bien se interrumpan”.
Rafael Martínez Puón, Servicio Profesional Electoral.
se destina a los institutos de profesionalización”, dijo.
Por su parte, Rafael Martínez Puón, actual director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional y experto en temas de la administración pública, sostuvo a este diario que el impedimento principal para que el SPC haya avanzado, a más de una década de su aprobación, es la voluntad política de los gobernantes locales, una vez que el sistema es federal y los estados son autónomos.
“El número es ínfimo, estamos hablando de a lo mucho 20 SPC que funcio
nan, que si se compara con la burocracia en general prácticamente el número es mínimo (…) a nivel de los estados no hay nada, a nivel federal el sistema que existe tiene muchos problemas; el panorama no es nada alentador”, acotó.
Martínez Puón explicó que la disonancia que hay con respecto al tema se pudo ver una administración federal después de ser aprobada la ley, ya que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa no dio el mismo énfasis que su antecesor.
“Aquí quiero ser enfático, esto no es un tema técnico, es un tema de lo que los políticos quieran sobre este tipo de leyes o sistemas… (una reforma) va a depender del Presidente de la República en turno, no sé si nos va a alcanzar dado la cercanía del final de este sexenio, lo conveniente hubiese sido implementarse a principios de sexenio, no al final. Una ley de esta naturaleza tiene que estar impulsada por la primera magistratura, llámese el Presidente de la República, si él no está convencido de ello, estaremos cuesta arriba con los gobernadores”, dijo.
Ambos analistas coincidieron en que la falta de profesionalización de los servidores públicos encarece la burocracia.
“La falta de profesionalización puede dar lugar a la falta de continuidad de muchas políticas y programas porque las personas, al ser cambiadas de un sexenio a otro, o en el cambio de titular de alguna dependencia, da lugar a que cosas que estaban bien se interrumpan”, añadió
Martínez Puón.
A su vez, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas manifestó que no hay costo más alto que se pueda pagar que la corrupción que generan “estas
personas, quienes tienen capturados los cargos públicos. El costo de la corrupción no se compara con lo que se requiere para un funcionamiento adecuado del Servicio Profesional de Carrera”.
La también doctora en Ciencia Política agregó que de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el número de funcionarios que están adscritos al SPC ronda 6% del total de los burócratas en el país.
De acuerdo con estimaciones del BID, el número de funcionarios que están adscritos al Servicio Profesional de Carrera ronda 6% del total de los burócratas del país.