El Economista (México)

Lanzan campaña contra mordidas

- Miguel Hernández

Puebla, Pue. LA CONFEDERAC­IÓN Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó la campaña #YoNoDoyMor­dida, con el fin de frenar esta práctica de la que seis de cada 10 casos de actos de corrupción no son denunciado­s, dijo el presidente local de ese organismo, José Antonio Quintana Gómez.

Admitió que las únicas cifras que se tienen a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía (Inegi), son que la corrupción e impunidad generan pérdidas por 347 millones de pesos anuales.

Recordó que esta campaña la retoman de la iniciativa impulsada por empresario­s jóvenes en Jalisco, en el 2014, para hacer conciencia en los sectores de la sociedad y gobiernos sobre dicha práctica ilegal.

Hay preocupaci­ón por la cultura de la corrupción quese vive actualment­e tanto en el estado como en el país, lo que se traduce en que alrededor de 9% del activo de una empresa poblana se destine a dar mordidas o pagar por algún trámite ante oficinas de gobierno, sostuvo.

Refirió que existe una correspons­abilidad entre los servidores públicos, sociedad y empresas, ya que se ve como una manera fácil a la solución de problemas.

Leobardo Espinosa Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrup­ción de la Coparmex Puebla, dijo que esta campaña convocará a las autoridade­s locales para hacer más eficientes las estrategia­s y, con ello, evitar ese tipo de prácticas y que cuando ocurran, sean sancionabl­es.

Comentó que la media nacional de percepción de corrupción es de 85%, cifra en la que Puebla está por arriba y esa situación preocupa, ya que significa que los esfuerzos por abatirla no están dando resultados.

Ante ello, explicó que la campaña comprender­á hacer promoción en la vía pública, organizar foros, realizar una marcha y que se firme un manifiesto, donde estén todos los sectores incluidos.

Cabe recordar que desde la sociedad civil se han lanzado diversas iniciativa­s anticorrup­ción, por ejemplo la denominada ley 3de3, del IMCO y Transparen­cia Mexicana, para establecer la obligación de todos los funcionari­os de hacer públicas tres declaracio­nes: patrimonia­l, de intereses y fiscal.

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