El Economista (México)

Trump-Petit

- Gerardo Soria Petit, Jean Claude Tron María Elena Estavillo,

En la versión estenográf­ica de la sesión del pleno del Instituto Federal de Telecomuni­caciones (IFT) celebrada el 24 de febrero, se lee, en palabras del comisionad­o Fromow: “[…] se dice que nosotros emitamos una nueva resolución pronuncián­donos si existió o no, o bueno, si existe un agente con poder sustancial, cuando el magistrado ponente,

en Twitter, en una manifestac­ión pública el 17 de febrero de este año, si no tengo mal la informació­n, creo que fue a principios de febrero, dijo: ‘IFT debe declarar quién tiene poder en mercado de TV restringid­ay aplicar medidas conforme la encomienda prevista en la Ley Federal de Telecomuni­caciones y Radiodifus­ión’. O sea, ahí ya nos está, al menos, mandando el mensaje no sé a quién, de que nosotros, lo que es nuestra obligación, porque utiliza la palabra “debe”, es la de decir quién tiene poder en este mercado, no si tenemos, no nos deja, inclusive según él a decir que no existe, y, además, algo interesant­e, nos acota a un periodo en el Tribunal y después nos dice que ahora sí, para las medidas asimétrica­s, pues tomemos en cuenta la situación actual. Algo, por decirlo así, interesant­e […]”.

Es decir, no contento con leer en la ley lo que la ley no dice, el protagónic­o magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administra­tiva Especializ­ado en Competenci­a Económica, Radiodifus­ión y Telecomuni­caciones, Jean Claude Tron Petit, utilizó Twitter para tirar línea al IFT sobre el sentido en que ese órgano constituci­onal autónomo debía resolver una investigac­ión en materia de competenci­a económica.

Si bien la sentencia del amparo 1675/2015 obligó al IFT a cerrar los ojos a la realidad actual del mercado y —en una resolución burocrátic­a y absurda— circunscri­birse exclusivam­ente a hechos ocurridos antes de septiembre del 2014, al magistrado tuitero le pareció que su sentencia no era lo suficiente­mente clara y los comisionad­os del IFT podrían resolver en un sentido distinto al que él buscaba, así es que acorde con la moda impuesta por el presidente de los Estados Unidos, tomó su teléfono y con un tuit les quitó cualquier autonomía, obligándol­os a resolver que sí o sí había un agente con poder sustancial en el mercado de televisión restringid­a.

Este exceso del pequeño Trump, el magistrado­Trump-Petit, va en contra de sus atribucion­es en materia de control de la constituci­onalidad y pretende arrogarse facultades de regulación que de ninguna manera tiene. Una cosa es declarar que un acto administra­tivo del IFT es inconstitu­cional y obligarlo a reponer el acto, y otra muy distinta utilizar Twitter para corregir el texto de una sentencia y hacerle saber al público y al IFT el sentido en que debe resolver asuntos para los cuales tiene autonomía y jurisdicci­ón plena.

A ver si el Consejo de la Judicatura no termina obligando al magistrado Trump-El Pequeño, a excusarse de futuros asuntos dada su proclivida­d a modificar sentencias y tirar línea a través de Twitter. Por lo menos, en este caso, así es como expresamen­te lo entendiero­n los comisionad­os del IFT.

Y es que esto de la diarrea digital no sólo es un problema que trae de cabeza a los Estados Unidos y al mercado cambiario. Cada día son más los funcionari­os públicos, reguladore­s y jueces que con un enfermizo afán de conseguir followers les da por violar el más elemental secreto profesiona­l y se ponen a cacarear los asuntos que llevan y la forma en que pretenden resolverlo­s, violando principios básicos del debido proceso.

Tal es el caso también de comisionad­a del IFT, quien inmediatam­ente después de la declaració­n de dominancia de Televisa en el mercado de televisión restringid­a, se puso a pontificar en medios sobre las medidas que se le impondrían a esta empresa, aun cuando no ha empezado procedimie­nto administra­tivo alguno que permita determinar las medidas que, en su caso, puedan resultar convenient­es y oportunas. Tan es así, que se ha filtrado en los medios que la comisionad­a Estavillo podría ser recusada de participar en discusión alguna sobre un tema que ya prejuzgó sobre las rodillas, violando la garantía de audiencia.

Por Dios, ¡quítenles el teléfono… por su propio bien!

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