Congreso de NL rechaza cuentas públicas de Medina
Se refieren a los sectores de empleo, salud e infraestructura
Monterrey, NL. LA COMISIÓN de Hacienda del Congreso de Nuevo León dictaminó 322 cuentas públicas estatales y municipales del periodo 2012-2015; de éstas, se aprobaron 242, se rechazaron 58 y quedaron reservadas para su análisis otras 22.
Del total de las cuentas públicas dictaminadas, 77 correspondieron al último tramo de la gestión de Rodrigo Medina, que abarca del 2012 a los primeros nueve meses del 2015, así como los tres últimos meses de este último año, que son de la actual administración del gobernador Jaime Rodríguez.
De estos 77 dictámenes del Poder Ejecutivo estatal, los legisladores rechazaron 10 cuentas, aprobaron 54 y reservaron para su análisis 13.
La diputada del PRI, Gloria Treviño, presidenta de la Comisión de Hacienda, afirmó que en las cuentas públicas del 2015, del gobierno de Rodrigo Medina, se rechazaron los dictámenes del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Creación del Empleo Productivo del Estado; Instituto Constructor de Cultura Deportiva y Física del Estado; Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey; Servicios de Salud; Sistema de Caminos de Nuevo León; Parque Fundidora y Red Estatal de Autopistas.
Además, se rechazaron las cuentas públicas correspondientes al ejercicio del 2012 del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey y de la Red Estatal de Autopistas.
En cuanto a la cuenta pública del último trimestre del 2015, ya como gobernador Jaime Rodríguez, se encontraron algunas irregularidades, por lo que se rechazó el dictamen correspondiente al tema de las cobijas; sin embargo, aún tiene reservas por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
De las cuentas que quedan en esta situación, la legisladora aseguró que “vamos a citar nuevamente a la Comisión de Hacienda, vamos a ver las dudas que tengan las diferentes bancadas”.
MONTERREY
Las cuenta que corresponde a “la administración 2015 del municipio de Monterrey (estaba como alcaldesa Margarita Arellanes), fue rechazada; la causa es que hay 7.5 millones de pesos con los que contrataron un despacho para poder estar dándole asesoría a los empleados (…) pueden decir que ya se reintegró, y eso exime al despacho, pero no la responsabilidad de los que estuvieron en la función pública”, sostuvo el diputado priista Juan Espinosa.
También mencionó que se rechazó el expediente con respecto a la aplicación Smart City, a la cual la exalcaldesa Arellanes destinó 2.8 millones de pesos, pero con la que, presuntamente, hubo un desvío de recursos.
JUÁREZ, UN ASUNTO DELICADO
Por otra parte, el diputado Marco Antonio Martínez aseguró que de las anomalías que se detectaron en el municipio de Juárez podrían derivar en situaciones penales para los funcionarios que estuvieran involucrados.
Expresó que en el ejercicio del 2014, Juárez trae observaciones por 7.2 millones de pesos, en relación a desarrollo urbano; en el 2013 trae 17 millones de observaciones, que es casi 3% del presupuesto del municipio, donde se encuentran erogaciones sin facturas ni obra pública y en el 2012, por casi 14 millones de pesos, en materiales y suministros que no tienen facturas, pagos de manera directa.