Imputan a Javier Duarte delitos electorales
Le atribuyen que no entregó recursos a la autoridad comicial del estado
La Fepade obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz por no entregar los recursos necesarios para el funcionamiento electoral en la entidad.
LA FISCALÍA Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR obtuvo ayer una orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, por delitos electorales.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la Fepade presentó elementos suficientes a un juzgado federal en los que expuso que, como gobernador, Duarte de Ochoa se negó a entregar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en Veracruz.
Con esto Duarte de Ochoa suma una segunda orden de aprehensión, la primera es por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, junto con otros ocho involucrados.
Así, el exmandatario ahora es buscado por delitos de carácter electoral, que, aunque hayan ocurrido en el ámbito estatal, se extienden a lo que marca y tipifica la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La dependencia explicó que con estas acciones, de no entregar los re- cursos necesarios para la operación del Organismo Público Local Electoral, se puso en riesgo el proceso comicial y que se trata de la primera orden de aprehensión lograda en contra del exgobernador Duarte de Ochoa por un delito electoral.
La PGR agregó que de los trabajos de investigación del Ministerio Público se logró tener por satisfechos los elementos que la ley señala como delito así como la probable participación del exgobernador en el ilícito contemplado en el artículo 7, fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Artículo que menciona la imposición de seis meses a tres años de prisión a quien “obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales (…), actos ilícitos que se suscitaron en Veracruz, pero sobre todo provocados por quien era el garante del cumplimiento del Estado de Derecho”.