#EstrategiaAPP
Los recortes presupuestales obligan a los tres niveles del gobierno a buscar nuevos esquemas para cubrir la falta de activos de infraestructura o a la deficiencia de servicios tan diversos como agua y recolección de residuos, carreteras, infraestructura hospitalaria, energía y alumbrado público.
Los esquemas de Asociación Público Privada (APP) implican una relación contractual de mediano o largo plazo donde se pacta la coinversión y la distribución de riesgos entre las partes, para lograr un objetivo común, que puede ser la provisión de infraestructura o la prestación de servicios públicos.
El artículo 23 de la Ley de APP fue reformado en abril del 2016 para establecer una aprobación diferenciada de tres tipos de proyectos, de acuerdo a la naturaleza de las aportaciones del sector público al proyecto (con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; con dinero público pero no del Presupuesto o con aportaciones diferentes a dinero, por ejemplo, licencias, autorizaciones, bienes muebles o inmuebles, propiedad del sector público). Esta última modalidad, por ejemplo, permitió a Fonatur arrancar el proyecto del CIP en Costa Capomo, junto con la constructora lusitana Mota-Engil.
Bajo la primera modalidad, el PEF 2017 incluyó 16 proyectos de infraestructura carretera y hospitales y aprobó partidas por 26,220 millones de pesos. El Proyecto de Red Compartida es un ejemplo de que pueden realizarse proyectos de APP sin dinero público en el que la fuente de repago serán las tarifas que se cobrarán a los usuarios.
El ISSSTE había incursionado en estos contratos de “inversión asociada” durante la administración de
con la demolición del actual edificio y construcción del nuevo Hospital General “Gonzalo Castañeda”, en un predio de 3,311 metros cuadrados ubicado en Tlatelolco. El proyecto, concesionado al consorcio formado por Grupo IGSA y Tradeco, incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica, que serían proporcionados por personal del organismo desconcentrado.
El incumplimiento del contrato por parte de los desarrolladores —que no registraron avances en la obra durante dos años— estuvo a punto de dar al traste con el modelo.
La nueva administración del ISSSTE, a cargo de José Reyes Baeza, concesionará a privados la sustitución de los hospitales generales “Daniel Gurría Urgell”, en Villahermosa, Tabasco, y “Aquiles Calles”, en Tepic, Nayarit; además de la construcción de dos nuevos nosocomios en Mérida y la Ciudad de México.
La infraestructura hospitalaria incluida en esta estrategia contempla dos hospitales generales de zona —en Bahía de Banderas, Nayarit, con 144 camas, y en Tapachula, Chiapas, con 180 camas— además de dos hospitales regionales —de 260 camas, cada uno— en García, Nuevo León y Tepotzotlán, Estado de México, cuya construcción será sufragada con recursos federales, en tanto que los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya había firmado dos APP para la conservación de dos autopistas de alto impacto logístico y aforo vehicular: la Querétaro-San Luis —parte del corredor de transporte terrestre más importante del país, por el volumen de carga y de pasajeros— y la Coatzacoalcos-Villahermosa; ambas suman 291 kilómetros y su restauraciónrequiere una inversión de más de 9,530 millones de pesos.
De acuerdo con el presupuesto 2017 presentado por la SHCP, el programa de conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras para el periodo 2017-2027 abarcará otras cuatro autopistas: SaltilloMonterrey-La Gloria, Matehuala-Saltillo, Texcoco-Zacatepec y Pirámides-Tulancingo-Pachuca, que suman 636 kilómetros y requieren más de 20,700 millones de pesos.
Las nuevas autopistas que serán construidas con una “inversión asociada” son Las Varas-Puerto Vallarta —incluido un ramal al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz— que fue adjudicada a Grupo Ideal hace 10 meses. El trazo, de 90 kilómetros de longitud, requerirá una inversión de 7,200 millones de pesos y deberá estar en funcionamiento a más tardar en la primavera del 2019. A partir de entonces correrá el plazo de la concesión —30 años— durante el que la operación y mantenimiento quedarán a cargo del desarrollador.
El libramiento Galarza-Amatitlanes — también de altas especificaciones— fue concesionado a SUPRA Construcciones en julio del 2016, luego de que garantizara una inversión de 900 millones de pesos. Y la ramal Monterrey-Nuevo Laredo contempla la construcción de una autopista de cuota de cuatro carriles, de 49 kilómetros, que requerirá la erogación de 3,000 millones de pesos.
Estos proyectos generarán inversiones por casi 40,000 millones de pesos. “Las APP prueban ser un novedoso esquema que permite generar proyectos de beneficio público con recursos privados”, resumió el secretario Gerardo Ruiz Esparza, “el Estado no pierde rectoría, se comparten riesgos, se trabaja bajo índices de desempeño y se generan empleos y se mantiene en óptimas condiciones la infraestructura”.