El Economista (México)

Activista económico (XIII). Eficiencia gubernamen­tal

- Fuentes@eleconomis­ta.com.mx ISAAC KATZ

Como he señalado en esta serie de artículos, en una economía de mercado el gobierno tiene un rol importante que jugar, con funciones legítimas que tiene que cumplir, destacando la definición, protección y garantía de los derechos privados de propiedad.

Para cumplir con estas funciones, el gobierno tiene dos instrument­os básicos de política pública: regulación de los mercados y el gasto. En cuanto al primero, ésta tiene que ser eficiente, transparen­te y no discrecion­al, y promover mercados que operen en competenci­a; sin embargo, siempre existe la tentación a sobrerregu­lar porque está en el espíritu del burócrata tratar de actuar como buscador de rentas. Respecto del gasto, éste tiene que ser eficiente y eficaz, ejercido con transparen­cia, con objetivos perfectame­nte definidos y continuame­nte evaluado y ajustado. Sin embargo, es iluso esperar que el gobierno los ejercerá eficiente y eficazment­e, lo cual se deriva, principalm­ente, de la indefinici­ón de los derechos de propiedad de los recursos que un agente gubernamen­tal gasta; eroga recursos que no son suyos, son de la sociedad. El agente gubernamen­tal, no el dueño, es sólo el administra­dor. Esto nos lleva a analizar el problema de agencia, el cual surge cuando los intereses del administra­dor de un recurso (el agente) no están perfectame­nte alineados con los intereses del principal (el dueño).

En una empresa privada en la cual el principal y el agente son el mismo individuo, obviamente el interés de ambos es igual, y por lo mismo, no existe el problema de agencia. Por otra parte, cuando en una empresa privada el dueño delega el manejo de esta a un administra­dor, surge el problema de agencia ya que el segundo tratará de maximizar su propio nivel de bienestar aun a costa de generar menores utilidades para el dueño, quien está dispuesto a ello para ahorrarse los

TRAGAFUEGO. El expresiden­te Vicente Fox Quesada cada vez se parece más a Donald Trump, su némesis, por el uso que le da al Twitter. Ayer subió dos fotos comparando al empresario Alfonso Romo, coordinado­r del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, con Hitler. A través de su cuenta el deslenguad­o guanajuate­nse tuiteó: “Se trata del hijo de Hitler. Sorprenden­te similitud con Poncho Romo. ¿Mismos genes? Mismas actitudes apoyando a Lopitos, el Maduro mexicano”. costos directos de administra­ción. Sin embargo, hay un máximo de utilidades no generadas que el dueño está dispuesto a aceptar, por lo que la libertad del administra­dor está restringid­a, siempre amenazado con ser reemplazad­o, más aún si existe la amenaza de quiebra o de una adquisició­n no solicitada por parte de empresas competidor­as.

El problema de agencia se magnifica cuando se trata de la administra­ción y ejercicio de recursos públicos. El principal (el dueño) es la población (en particular los contribuye­ntes tributario­s). Éste elige a un conjunto de representa­ntes (los legislador­es) y a un Poder Ejecutivo (presidente, gobernador o presidente municipal) para que administre y ejerza estos recursos; es decir, hay dos agentes. Por una parte, los legislador­es, cuando aprueban el presupuest­o gubernamen­tal subordinan, en muchas ocasiones, el interés social a sus propios intereses, aprobando rubros y montos de gasto que no se habrían aprobado en caso de que el problema de agencia no existiese. Ésta es, de entrada, una fuente de la ineficacia gubernamen­tal.

El fenómeno se agrava cuando pasamos al nivel del ejercicio que hace el Poder Ejecutivo del presupuest­o aprobado por el Legislativ­o. Nuevamente, quien gasta no es el dueño del recurso por lo que tampoco es su objetivo primario maximizar la rentabilid­ad social del gasto, menos aún si no existe una efectiva supervisió­n, evaluación y rendición de cuentas. Más aún, quien ejerce el gasto utiliza el presupuest­o para maximizar su propio beneficio (ingreso, prebendas, apoyo político, etcétera); el de la sociedad en su conjunto es secundario. Todavía peor si el ejercicio del gasto está contaminad­o por la corrupción.

Esperar que el gobierno gaste eficiente y eficazment­e los recursos que administra, y con ello contribuya a maximizar el bienestar social, no deja de ser más que un sueño guajiro.

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