La ética empresarial en México: caso Odebrecht
La responsabilidad social corporativa tiene su fundamento en la ética empresarial, dando por supuesto el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. Sin embargo, constantemente somos testigos de empresas “socialmente responsables” que, a pesar de diversas actividades voluntarias en beneficio de la sociedad, se ven sumergidas en cuestiones de incumplimiento legal, más específico, en sobornos empresariales. Y si bien esta práctica se considera común en distintos países de Latinoamérica, observamos continuamente la falta de seguimiento y penalización por parte de las autoridades mexicanas. De ahí que nos preguntemos ¿qué tanto está México permitiendo y promoviendo la falta de ética empresarial?
Un ejemplo reciente es el caso de la empresa Odebrecht donde, en comparación con el resto de los países involucrados, en México aún hace falta tomar medidas sancionadoras en contra de la empresa y los funcionarios públicos responsables de presuntos sobornos por 16 millones 595,000 dólares.
En Brasil se comenzaron las investigaciones en julio del 2015 y en tan sólo ocho meses Marcelo Odebrecht, en ese entonces presidente de la empresa, ya había sido condenado a 19 años de cárcel. En octubre del 2016, la Policía Federal presentó cargos en contra del expresidente Lula da Silva, recientemente declarado culpable de los mismos. Más adelante se cobrarían 2,391 millones de dólares en multas a la empresa. Desde enero del 2017, la Fiscalía brasileña ha agregado casi 70 nombres a su lista de investigaciones, entre ellos cuatro expresidentes.
Perú es otro país que asumió una postura férrea ante el caso: fue el primer país en cobrar indemnizaciones millonarias — casi 8.9 millones de dólares— a la empresa. Hasta marzo del 2017, las autoridades peruanas han arrestado a cinco funcionarios públicos, entre los que se encuentra el expresidente Alejandro Toledo. También se han levantado investigaciones en contra de dos expresidentes y el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski.
En México, mientras Brasil y Perú ya tenían funcionarios tras las rejas, las autoridades pedían revocar los contratos de Odebrecht apenas en marzo de este año, siendo hasta mayo que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción eliminaría su registro de afiliación. A pesar de que extrabajadores de la empresa declararon bajo juramento haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex negó públicamente las acusaciones en su contra. Hasta el momento, ninguna investigación ha sido abierta al respecto. La PGR ha emitido cuatro comunicados externando su intenciónpor investigar el caso Odebrecht; sin embargo, estos siguen sin volverse realidad y la misma procuraduría declaró que esto seguirá así por cinco años más debido a razones de confidencialidad.
En promedio, en cada uno de estos países sudamericanos se ha encarcelado a tres funcionarios, recuperadoaproximadamente 1,150 millones de dólares y abierto investigaciones a más de 35 figuras públicas. En México, ninguna acción ha sido tomada.
Considerando que el soborno empresarial es una práctica común en México donde, de acuerdo con la Encuesta global de fraude de Ernst & Young, 82% de las empresas mexicanas considera que el soborno y la corrupción ocurre de manera común al interior de las organizaciones, es de suma importancia que el gobierno tome en serio su tarea de propiciar la ética empresarial, mostrando mano dura tanto contra las empresas corruptas como con los servidores públicos, pues a pesar de la existencia de legislación que pena este tipo de actos, las autoridades permiten que la impunidad se haga presente.
Esto propicia que empresas encuentren en el soborno una práctica efectiva para su crecimiento en México, no sólo afectando la competitividad de nuestros mercados y por consecuente teniendo repercusiones en la calidad de los productos o servicios, sino también ampliando la brecha de desigualdad social que afecta a nuestro país.
La actual situación sólo será superada a través de acciones decisivas y la promoción de una agenda que promueva la proactividad y cooperación entre los tres actores: sustituyendo a laactual ceguera acaparadora, hace falta un gobierno con miras a un sector privado en condiciones óptimas de competencia, una élite empresarial responsable que aproveche su privilegiada posición de influencia para beneficiar a aquellos que lo necesitan y una ciudadanía que fomente y practique la honestidad y solidaridad en el día a día. Hasta que eso pase, seguirán aumentando el número de acciones sin tomar y de criminales en la impunidad.
*Gerente de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas en ACCIONA.