Congreso no apoya a Rajoy
Una propuesta del partido Ciudadanos para respaldar las acciones del gobierno contra la consulta, no logra la mayoría
LA VOCERA parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha instado al gobierno de Mariano Rajoy a que aclare si tiene interés o no en recurrir al artículo 155 de la Constitución para forzar a las instituciones catalanas a cumplir la ley, porque la aplicación de ese precepto de la Carta Magna, ha recordado, es “competencia exclusiva” del Ejecutivo.
Por la mañana, el Congreso no ofreció su respaldo ante la actuación que el Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo en Cataluña para frenar el referéndum del 1 de octubre. El partido Ciudadanos presentó una propuesta (no de ley) para apoyar al Ejecutivo, pero sólo logró, además de sus propios votos, los del PP. Fueron los diputados del Partido Socialista Obrero Español los que votaron en contra y la iniciativa fue tumbada por 166 votos en contra y sólo 158 a favor.
La propuesta deCiudadanos pudo haber servido para mostrar la unidad de las fuerzas constitu-
El Partido Socialista Obrero Español votó en contra de la propuesta del partido Ciudadanos.
(Apoyamos al) gobierno (para) que impida la utilización de recursos públicos en la realización de aquellos actos destinados al referéndum”.
Partido Ciudadanos
cionalistas contra el referéndum de Carles Puigdemont, pero se convirtió en una trampa para el Ejecutivo después de que el PSOE se desmarcara y votara en contra.
NUEVA INCAUTACIÓN
La Guardia Civil española anunció haber incautado en una empresa de mensajería en Cataluña más de 45,000 notificaciones que iban a ser enviadas a miembros de mesas del referéndum de independencia.
Inspecciones en diferentes instalaciones de la empresa Unipost permitieron confiscar “más de 45,000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de (...) Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum”, explicó un comunicado de la Guardia Civil.
Estos registros forman parte de los esfuerzos de las instituciones españolas para impedir la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
“El número de certificados de notificación incautados podría suponer 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales”, según la misma fuente.
Las instituciones españolas han aumentado en los últimos días las acciones contra el referéndum, convocado por el gobierno independentista catalán: allanamiento de imprentas y lugares que puedan suministrar material electoral y citaciones de la fiscalía a alcaldes dispuestos a permitir la celebración de la votación, entre otras medidas.
El gobierno separatista de Cataluña se muestra decidido a organizar a cualquier precio el referéndum, ignorando la prohibición del Tribunal Constitucional.