CAPACIDAD PARA INVESTIGAR ES EL MAYOR RETO JUDICIAL
La mayor debilidad mostrada tras la instauración del Sistema Penal se centra en la escasez de coordinación entre instancias de procuración
El CIDAC y México Evalúa presentaron informe sobre el nuevo sistema penal.
LA ORGANIZACIÓN México Evalúa junto con el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) urgieron homologar los procesos de investigación de las procuradurías y fiscalías estatales en el país, tanto en su interior como con las autoridades federales, con el objetivo de mejorar la procuración de justicia en el contexto de la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Al presentar los Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal, María Novoa, coordinadora del programa de justicia de ambas organizaciones, indicó que en el ámbito federal, con la instauración del Nuevo Sistema Penal, una de cada dos investigaciones queda pendiente de resolución.
“Esto nos está hablando ya de alrededor de 50 % de acumulación de asuntos a nivel de procuración de justicia federal; tres de cada 10 casos son judicializados. Eso podría decirse que no es un dato negativo, pero hay que ver qué es lo que realmente se está judicializando y esto implica que 0.1% de los asuntos llega a juicio oral”, dijo.
Novoa añadió que en los casos judicializados, 99% “es por flagrancia”, lo que no es necesariamente malo en el ámbito local; sin embargo, en los delitos federales este indicador tiene otra lectura, pues, señaló, es en este nivel donde se tratan los asuntos criminales en su más alto calado.
En el documento presentado en conjunto con la Fundación MacArthur, se precisa que la transición que se ha llevado en los estados para mudar de procuradurías a fiscalías no necesariamente ha ido acom- pañado de mejoras en los procedimientos de procuración de justicia.
“Muchas (transiciones) fueron meramente nominales, o bien, un tipo que se ha denominado de autonomía relativa; es decir, aunque formalmente la Fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera y políticamente al titular del Poder Ejecutivo”, se precisó en el informe.
De acuerdo con el estudio, de las 32 entidades del país, en sólo 10: Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Chiapas y Tabasco se puede considerar que hay autonomía completamente de las fiscalías, lo anterior de acuerdo con las propias constituciones de los estados y leyes orgánicas de las instancias de procuración de justicia.
En 16 entidades aún no se ha mudado de Procuraduría a Fiscalía; tres más son consideradas en el rubro de falta de autonomía, y dos más cuentan con autonomía relativa. Estas últimas son las de Morelos y Yucatán, mientras que para la Fiscalía de Durango no se otorgaron datos.
CREACIÓN DE UNIDADES FLEXIBLES
Dentro de las principales deficiencias que persisten en materia de investigación criminal en las fiscalías y procuradurías estatales, de acuerdo con testimonios de los mismos integrantes de las instancias de procuración de justicia recogidos por las instituciones creadoras del informe,
se encuentra la falta de coordinación.
“Esta ausencia se produce tanto al interior de las instituciones como entre ellas. Al interior de la institución persiste reticencia por parte del Ministerio Público para incluir en las labores de investigación al policía (…) En cuanto a la coordinación interinstitucional, un problema que señalaron los distintos operadores entrevistados fue la facultad para determinar competencias”, destaca el documento.
Como parte de la solución, México Evalúa y CIDAC propusieron la creación de unidades de investigación criminal flexibles que se puedan adaptar y diversificar para atender los casos de acuerdo a lo complejo de los mismos.
Se propone también que cuando un caso lo amerite o la incidencia delictiva,
se creen unidades de investigación por delito o caso. “Estas unidades mutarán cuando el contexto institucional o social lo mande o cuando el asunto haya sido determinado”.
Como conclusiones se indica que para lograr homologar que los procesos de investigación sean eficientes, es necesario reformar el Artículo 21 constitucional y las leyes orgánicas de las procuradurías y fiscalías.
Esto “con la finalidad de eludir la diversidad de interpretaciones y criterios, así como dotar de certeza tanto el proceso de transición como la operación misma”.