REVELAN POSIBLE RUTA DEL DINERO AHMSA-ODEBRECHT-LOZOYA
La compra de Agro Nitrogenados por Pemex, en el 2014, marco de operación que conecta a las empresas y al funcionario
La compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por parte de Pemex, en el 2014, reveló opacidad en el proceso y salió a luz una posible conexión entre AHMSA, Odebrecht y Lozoya.
LA IMAGEN es convencional, sin nada que a simple vista parezca extraño, ningún elemento que llame la atención: 13 hombres de traje, 13 hombres de gris y negro que posan con formalidad.
Parados alrededor del semicírculo de una elegante mesa corporativa, despliegan la misma actitud; casi nada los diferencia, excepto el color de sus corbatas: verde limón a la derecha, morado claro a la extrema izquierda, azules ligeros, un solitario rojo, un par de prendas negras.
Destaca una corbata color rosa: la lleva un hombre llamado Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcionario muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
Es el 14 de enero del 2014 y miran con gravedad a la cámara; casi todos sostienen una de sus manos con la otra. Es obvio que el momento reviste importancia.
Lo tiene, en efecto: se anuncia oficialmente que Pemex invertirá 475 millones de dólares en los activos y en la rehabilitación de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que se encuentra parada desde hace 14 años, cuya maquinaria, equipo e instalaciones tienen 30 años de antigüedad.
Un boletín titulado “Pemex reactivará la producción de fertilizantes en México” acompaña la fotografía. Da cuenta de la transacción, el monto, las expectativas y remata con un párrafo: “Con esta operación, Pemex cumple su compromiso con el campo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo y con las iniciativas del presidente Peña Nieto de un México próspero”.
El boletín no lo menciona, pero hay un detalle importante en esta historia: Agro Nitrogenados es una empresa de Altos Hornos de México, el mayor consorcio acerero del país, cuyas acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
Un mes después de que Pemex anunciara la compra de Agro Nitrogenados se produce una operación: Altos Hornos de México realiza, exactamente el 17 de febrero del 2014, una transferencia de 1 millón 481,000 dólares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company LP.
Grangemouth Trading no es cualquier firma: es una de las decenas de empresas fachada montadas por la constructora Odebrecht para distribuir miles de millones de dólares destinados a pagar sobornos o “propinas” a la élite política de los países de América Latina en los que la empresa brasileña operaba, incluido México según documentos secretos obtenidos por el Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
No sería la única transferencia. Después de algunas semanas, Altos Hornos de México hace dos traspasos adicionales a Grangemouth, cada uno por un poco más de 1 millón 110,000 dólares.
La primera operación tiene fecha del 26 de febrero y la otra del 10 de marzo del 2014, según los estados de cuenta de esa firma fantasma en poder del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, documentos que forman parte de las 20 carpetas electrónicas, alrededor de 100 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, a los cuales Quinto Elemento Lab ha tenido acceso.
Ambas transferencias llegan a la cuenta número 244087 que Grangemouth mantiene en el Meinl Bank, banco con sede en la isla caribeña de Antigua comprado por funcionarios de Odebrecht con el propósito de evadir los controles del sistema financiero internacional.
Desde ese banco, y utilizando compañías de papel, se operaron libremente los sobornos destinados a presidentes, ministros, viceministros, congresistas, directores de empresas públicas y prominentes políticos en una docena de países de América Latina y África. El nombre de Grangemouth Trading Company, firma que carece de empleados y oficinas, pero cuyo “domicilio virtual” se encuentra en un edificio de departamentos de Edimburgo, Escocia, adquirirá particular relevancia para México.
La razón no es menor: como reveló Quinto Elemento Lab en agosto del 2017, de esa misma cuenta de Grangemouth Trading Company salieron también 5 millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, según declararon bajo juramento ante la justicia brasileña tres de los más prominentes exejecutivos de Odebrecht involucrados en la mayor trama de corrupción en la historia del continente.
DELACIÓN DE DE MENESES
El 16 de diciembre del 2016, Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, acordó con la Procuraduría General de Brasil delatar, bajo el programa de “colaboraciones premiadas, sus “aventuras criminales” en nuestro país. Allí relató cómo Odebrecht logró insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano, para desentrañar el complejo esquema de “propinas indebidas” para “agentes políticos”.
Desde el 2009, cuando conoció a Lozoya, y hasta el 2014, cuando Odebrecht le hizo depósitos a cuentas que el entonces director de Pemex les proporcionó, De Meneses sostuvo una relación —siempre de acuerdo con su versión entregada a la Procuraduría brasileña— con Lozoya, que se hizo más constante desde que se integró al equipo de campaña del candidato priista a la Presidencia de México y hasta que llegó a ser director de la ahora empresa productiva del Estado.
En una reunión entre De Meneses y Lozoya, éste le proporcionó los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse depósitos. Se trataba de cuentas a nombre de dos compañías offshore: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA, registradas en las Islas Vírgenes Británicas y con cuentas en un banco del Principado de Liechtenstein. Entre el 3 de diciembre del 2013 y el 19 de marzo del 2014, a la cuenta que Zecapan SA tenía en el Neue Bank llegaron cinco transferencias por 5 millones de dólares. Todo el dinero venía de Grangemouth Trading.
LA VENTA DEL SIGLO
El dueño de Altos Hornos de México hizo uno de los mejores negocios de su existencia al venderle al Pemex, dirigido por Lozoya Austin, la empresa Agro Nitrogenados SA, una planta productora de urea que al momento de la compraventa ya era considerada “chatarra” por los especialistas de la industria de fertilizantes.
La planta tenía 14 años sin operar (ahora 18), y en ese lapso la maquinaria no recibió mantenimiento y sus equipos e instalaciones contaban con 30 años de antigüedad, sin contar con que el proceso de producción que utilizaba ya resultaba obsoleto.
Esta realidad contrasta con el optimismo de Pemex al adquirir la empresa. “Con esta compra, Pemex reactivará la producción de hasta 990,000 toneladas anuales de urea a partir del 2015”, prometía el comunicado. Además, destacaba que la producción esperada de urea representaría “cerca de 75% de la demanda nacional actual de este insumo estratégico para el agro nacional”.
Las altas expectativas oficiales sobre el potencial de Agro Nitrogenados obviaban un antecedente: ésta dejó de operar en septiembre de 1999 cuando la propia Pemex le canceló el suministro de amoniaco, la materia prima para la elaboración de urea, por la millonaria deuda que Agro Nitrogenados tenía con la paraestatal y porque los trabajadores estallaron una huelga en demanda del pago de sus salarios.
Especialistas financieros y petroquímicos señalaron inconsistencias en la venta de Agro Nitrogenados.
La empresa estatal tuvo que entablar demandas para exigir la entrega del dinero que le adeudaban. A Rogelio Martínez, entonces jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, le tocó llevar esos litigios. Por eso estalló cuando se enteró de que Agro Nitrogenados pasaría a manos del gobierno. “El gobierno comprará a precio de oro una planta oxidada. Esa planta es chatarra. ¿Qué es lo más fácil para Agro Nitrogenados? Vendérsela a un tarugo como es Pemex, o sus funcionarios, como si fuera una planta nueva”, denunció en entrevista con el diario Reforma, publicada apenas unos días después de que se anunció la transacción.
Abogado de profesión, Rogelio Martínez insistió en lo que desde entonces le parecía una maniobra fraudulenta: él había visitado la planta ocho años antes de que Pemex anunciara su compra, “desde entonces —sostuvo— ya era chatarra”.
En realidad, “lo que va a hacer Pemex es que va a poner una planta nueva. Van a decir que es mante
nimiento, pero, ¿en qué va consistir ese mantenimiento? En quitar los fierros viejos que compraron y poner unos nuevos”, contó al reportero del diario.
Ello, naturalmente, implicaba incurrir en pérdidas desde el principio, pérdidas que absorbería el gobierno y, por ende, cada uno de los mexicanos.
OPACIDAD Y DISCRECIONALIDAD
Emilio Lozoya Austin cumplía escaso un año como director general de Pemex cuando el Consejo de Admi
nistración de la empresa, del cual él era el presidente, avaló la compra de la planta de urea a Altos Hornos de México en su sesión extraordinaria del 17 diciembre del 2013.
El anuncio formal, para el que se congregaron los 13 hombres de traje negro que aparecen en la imagen, se realizó días después: el 14 de enero del 2014.
Se informó entonces que la operación requeriría que Pemex pagara un total de 475 millones de dólares, incluyendo la compra de construc
ciones, maquinaria y equipo, así como la rehabilitación y renovación de la planta. De esa cantidad, 275 millones de dólares irían a la tesorería de Altos Hornos de México y otros 200 millones de dólares serían utilizados para echar a andar la planta 15 meses después, una vez concluidos los trabajos de rehabilitación.
El plan original era que en noviembre del 2015 y en abril del 2016 comenzaran a operar respectivamente las dos fases de la planta de urea.
Los pronósticos no se cumplie
ron. Las condiciones de Agro Nitrogenados estaban peor de lo que se había previsto. En agosto del 2015 el Consejo de Administración de Pemex autorizó gastar otros 285 millones de dólares para rehabilitar la
planta, con lo que el costo se elevó a 760 millones de dólares hasta ese momento.
Los tiempos corrieron y la planta no entró en funcionamiento. Así que Pemex aprobó nuevas fechas de arranque: mayo del 2017 para una primera etapa, el tercer trimestre del mismo 2017, para el resto. Tampoco se cumplieron.
Quedaron en el olvido las ambiciosas metas con las que Edgar Torres, asesor ejecutivo del director general de Pemex, argumentó a favor de comprar la empresa a Alonso Ancira Elizondo:
“Uno de los beneficios asociados a esta adquisición será abastecer a la agroindustria en el país que no tiene acceso a los fertilizantes”, vaticinó Edgar Torres en declaraciones recogidas por los diarios nacionales.
Es más, aventuró, si se vende el fertilizante en las cantidades consideradas, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas “podrían incrementar su producción de granos, lo cual a su vez reduciría las importaciones de alimentos”.
Edgar Torres, quien meses después sería nombrado director de Pemex Fertilizantes, esgrimió otro argumento a favor de la compra: México dejaría de importar urea de Irán, China o Ucrania, por lo que el país podría ahorrar más de 400 millones de dólares al año.
Nada funcionó. Ni se sustituyeron las importaciones, ni se logró abastecer de fertilizantes a la agroindustria, ni se incrementó la producción de granos, ni se redujo la importación de alimentos en esos años. La planta inició pruebas de arranque apenas en mayo de este 2018.
EL ESTILO LOZOYA
Pocos meses después de la llegada de Emilio Lozoya Austin a la Dirección General de Pemex se puso en marcha un proyecto estratégico de inversión llamado Fortalecimiento de las Capacidades Operativas 2013-2015.
Básicamente, consistía en adquirir 41 vehículos terrestres, nueve aeronaves e instalar un centro de mando y control con varios propósitos, de los cuales dos eran esenciales:
Vigilar por tierra y aire la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex.
Interceptar e interrumpir de manera rápida y efectiva las acciones del crimen organizado mediante la movilización y el desplazamiento aéreo y terrestre del personal.
Los autores del proyecto tenían una idea clara de lo que pretendían: mejorar la protección de las instalaciones de Pemex mediante el aumento de las capacidades de vigilancia en ductos e infraestructura estratégica con “tecnología de primera generación”, para “actuar de manera contundente y oportuna” en los lugares donde se registrara un ilícito.
Argumentaron que eso permitiría “abatir el mercado ilícito de combustibles” y otras actividades del crimen organizado” que afectan el desempeño de la empresa.
Para conseguirlo se necesitaba dedicar una partida significativa de presupuesto para la compra y el arrendamiento del equipo: 2,521 millones de pesos.
De todos esos millones de pesos, casi la mitad se dedicó para adquirir un avión Gulfstream G550 (733.6
millones), un avión Cessna Sovereign (203.6 millones) y un helicóptero Eurocopter EC-145 (118.8 millones de pesos) para “el traslado de
funcionarios de alto nivel para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional”.
El helicóptero fue entregado a Petróleos Mexicanos el 14 de agosto del 2014. Y pronto se puso en operación.
Pasó el tiempo y los especialistas de la Auditoría Superior de la Federación decidieron dar una revisada a ese proyecto, en particular al uso del equipo aéreo de Pemex.
Pidieron documentación, soporte de los gastos y las bitácoras de los vuelos de esas aeronaves. Pronto hubo sorpresas: las áreas responsables de Pemex no tenían ningún registro de los destinos ni de los pasajeros que hacían uso de ellas.
La Secretaría de Defensa Nacional, cuyo personal conducía las aeronaves, accedió entonces a entregar las bitácoras de vuelo a los auditores, quienes revisaron la documentación y encontraron lo siguiente:
Todos los vuelos, tanto del Cessna Sovereign como del helicóptero Eurocopter, se solicitaron telefónicamente desde la oficina central de Pemex y las bitácoras del personal militar “sólo indican el destino al que se trasladó al ‘DG’ (director general) y pasajeros, sin especificar los nombres de sus acompañantes”.
En la revisión hallaron otros datos: Emilio Lozoya Austin realizó 727 traslados en el Eurocopter durante el 2015, lo que equivale a dos viajes en helicóptero por día.
Esos vuelos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de la Cuenta Pública 2015, no eran ni “estratégicos” ni de “seguridad nacional”.
Revisaron también el origen y destino de los vuelos. De los resultados, destaca uno: Lozoya Austin utilizó el helicóptero de Pemex para realizar 54 vuelos (una vez a la semana en promedio) a la torre ubicada en Campos Elíseos 29, en Polanco.
Esa dirección es la sede de la Torre del Grupo Acerero del Norte, desde donde despacha Alonso Ancira, el presidente de una empresa conocida: Altos Hornos de México.
LA POSTURA DE AHMSA
Quinto Elemento Lab solicitó a AHMSA su opinión sobre la investigación de la Fiscalía Brasileña que involucra a la empresa.
AHMSA, a través de Francisco Orduña, reconoció que Grangemouth asesoró en la búsqueda, evaluación y cotización de equipos y sistemas, de proveedores, supervisión en fabricación de maquinaria y logística de provisionamiento para las plantas de Monclova, pero a inicios del 2014 de común se canceló el contrato y se pagó en tres exhibiciones la factura emitida por esa empresa, por 3 millones 703,540.57 dólares.
Agregó que el proyecto sigue suspendido; aseveró que AHMSA no tiene cuentas bancarias en Anti
gua y que se hicieron transferencias al banco y cuenta que indicó Grangemouth.
TRAS LOS PASOS DE OLÍVIO
Grangemouth Trading registrada en Escocia en marzo del 2013 por Vice
na Internacional, un despacho británico de abogados especializados en armar firmas offshore, sin actividad real alguna, utilizadas a menudo para esconder el origen de recursos financieros que desean ser ocultados o tienen un origen ilícito.
El día 15 de ese mes Grangemouth recibió el certificado SL 12621 del registro de Compañías de Escocia. Al pie del documento firman los socios de la firma: Stitchting Tilbourg Crousing y Stitching Tocumen, dos fundaciones con sede en Holanda.
El rastro de Grangemouth se hubiese perdido quizá si su verdadero propietario no hubiese entregado al fiscal brasileño Orlando Martello los documentos que ayudaran a comprobar que lo confesado era verdad.
Entre los “datos de corrobación entregados” el 22 de noviembre del 2016 se halla la estructura de un núcleo de firmas offshore agrupadas bajo Fincastle Enterprises.
Ahí aparecen las dos fundaciones holandesas como las propietarias de Grangemouth y de otras cuatro firmas de papel con sede en Escocia, Nueva Zelanda, Bahamas, Hong Kong y el Reino Unido.
Por encima de ellas se ubican dos figuras humanas con los nombres de quienes son los últimos y reales propietarios de este complejo entramado: los hermanos Olívio y Marcelo Rodrigues.
La compra de la planta de fertilizantes tuvo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Uno de ellos es el padre conceptual, el que imaginó y dio vida a Grangemouth: Olívio Rodrigues Júnior, que hasta el 2007 era socio de una correduría de divisas extranjeras, uno de cuyos clientes era precisamente Odebrecht y su filial Braskem.
A mediados de ese año, Olívio se separó y fundó su propia empresa. Los responsables del Sector de Operaciones Estructuradas (Departamento de Sobornos) de Odebrecht se le acercaron entonces y le propusieron trabajar juntos.
Tendría que servir de intermediario de Odebrecht para realizar “pagos no oficiales” o ilícitos. “Aunque yo no sabía a quién pagaba ni lo que específicamente estaba pagando, podía imaginar que no era algo lícito y aun así acepté hacerlo”, confesó ante los fiscales que le tomaron declaración en noviembre del 2016 en la ciudad de Curitiba, Brasil.
Olívio Rodrigues es propiamente un “operador”, como llaman en Odebrecht a quienes les prestan sus servicios para realizar el pago de sobornos mediante empresas offshore instaladas en paraísos fiscales que escapen a la vista de las autoridades y que permitan hacer cuantiosas transacciones sin que sean reportadas.
No era cualquier operador. En su respectiva “colaboración premiada”, Hilberto Mascarenhas, el número uno de toda la estructura de Odebrecht dedicada a generar y pagar a discreción sobornos a través de cuentas secretas, definió a Olívio de esta manera:
“Era nuestro mayor y más cercano operador. Por cuestiones de
seguridad y para evitar el riesgo de contaminación con otras empresas, fue contratado con carácter de exclusividad para constituir offshores en paraísos fiscales y, a través de ellas, realizar pagos en nombre nuestro”.
El propio Olívio lo ratificó cuando, acompañado de sus abogados Paula Sion de Souza y Valdeque Borguez, hizo su delación premiada: “A fin de hacer viables los pagos de Odebrecht abrí diversas empresas
offshore, con cuentas bancarias, en varios países, y yo figuraba como el beneficiario último (ultimate beneficial owner) en todas ellas”.
Olívio era muy bueno para esos menesteres. Tanto que manejaba 20 firmas establecidas en paraísos fiscales, con cuentas en Antigua y Panamá, desde donde salían millones de dólares para entregar los sobornos en el extranjero.
Cuando estalló la Operación Lava Jato, los fiscales brasileños a cargo de la investigación le entregaron a Olívio Rodrigues una lista de
offshores y le pidieron que revisara sus registros y averiguara cuánto le pagó a cada una de ellas y de qué cuenta bancaria lo hizo.
El operador estrella de Odebrecht lo hizo y llegó a una cifra sobre el monto de los sobornos que él había pagado directamente: “Luego de revisar los registros, la suma totalizó aproximadamente 170 millones de dólares”.
Además, se comprometió a entregar los nombres de las empresas que creó, qué cantidades salieron de ellas y hacia dónde. En ese listado que entregó, aparecen los nombres de Klienfeld Services LTD (Antigua), Innovation Research En
gineering and Develop LTD (Antigua) y Grangemouth Trading Company LP (Escocia), de cuyas cuentas —según testimonios de jurados de los altos ejecutivos de Odebrecht, Luiz Mameri, Hilberto Mascarenhas y Luis de Meneses Weyll —el consorcio brasileño presuntamente sobornó con poco más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin desde el 2012 y hasta el 2014.
EL RASTRO DE ODEBTRECHT
El 2 de febrero del 2018 el diario The Scotland Herald publicó un reportaje firmado por David Leask, reportero en jefe, titulado: “Firmas offshore de Escocia tienen un papel clave en un megaescándalo de corrupción en América”. “The Herald —dice el texto— puede revelar que tres empresas situadas en Edimburgo fueron parte de un elaborado esquema global usado presuntamente para lavar multimillonarios sobornos pagados a políticos en toda Latinoamérica”.
Las tres offshore, continúa el texto, estaban controladas por Olívio Rodrigues Júnior, uno de los muchos personajes detenidos el verano pasado en la Operación Lava Jato, junto con Marcelo Odebrecht y el jefe de gabinete del expresidente Inácio Lula da Silva. “El ejecutivo controlaba 19 de las 40 offshores mencionadas en el caso Lava Jato (…), incluidas las sociedades de participación limitada llamadas Grangemouth Trading Company, Ravenscraig Engineering y Wahlberg Investments Consulting”.
Una búsqueda hecha por Quinto Elemento Lab en registros empresariales de Escocia y Reino Unido arrojó los siguientes resultados:
Grangemouth Trading Company no tiene actividades comerciales ni
posee propiedades, no declara empleados, no cuenta con oficinas, no
tiene hipotecas.
No existe de ella ningún rastro oficial.
Olívio Rodrigues Júnior, ese hombre de cabello prematuramente cano, ya explicó a los fiscales brasileños el porqué.
De Meneses menciona en sus delaciones a offshore que también recibió transferencias de AHMSA.