NAIM, enigma de AMLO
¿Qué representa para el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, la construcción o cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)?
Lo más probable es que sólo él lo sepa. Es posible incluso que ni siquiera sus más cercanos colaboradores tengan plena certeza de lo que el NAIM representa para el próximo presidente de México.
Y lo más probable es que sólo el tiempo nos permitirá a los ciudadanos conocer cuáles son las verdaderas razones para mantener en vilo a los mercados, a los inversionistas y a la sociedad mexicana, respecto de cuál será el destino final del Nuevo Aeropuerto de México.
Hasta ahora, están sobre la mesa dos alternativas: 1.- Mantener la construcción del NAIM, revisar los contratos por ejercer y concesionarlo total o parcialmente y 2.- Suspender la construcción del NAIM y construir en Santa Lucía un par de pistas y mantener la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
NAIM, ¿PIEZA POLÍTICA O ECONÓMICA?
El NAIM ¿es una pieza política o económica?
Durante su campaña política para ganar la Presidencia de la República, López Obrador ofreció cancelar la construcción del NAIM por oneroso y por estar manchado por la corrupción.
La obra en construcción —cuyo avance es de 30%— es la principal obra de infraestructura del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y en su calidad de candidato a la Presidencia, de candidato triunfador y de presidente electo, López Obrador la ha calificado como una obra faraónica en la que el gobierno está dilapidando recursos del erario federal.
Ese discurso ha sido muy benéfico para su causa, en términos de rentabilidad política.
Dio justo en el blanco de amplios sectores de la población porque, para muchos, el NAIM representa una obra cara que la mayoría no va a utilizar.
Aunque es un discurso simplista y alejado de la realidad, ha tenido el impacto y el efecto deseados.
En esos términos, el NAIM ha sido una pieza política muy valiosa.
CANCELAR, EL COSTO
Como candidato triunfador, López Obrador decidió salir a tranquilizar a los mercados y ha reiterado el mensaje de respeto a la estabilidad macroeconómica, entre otros puntos, que han sido bien recibidos.
Sin embargo, la decisión de mantener o detener la construcción del NAIM, la ha mantenido en suspenso.
Para los mercados es un importante indicador del rumbo que el presidente electo tomará en torno al respeto de las inversiones y el manejo de las finanzas públicas.
Si la consulta pública que se realizará —luego de que se conozca el análisis de la empresa internacional especializada que se contrate y del que realicen los ingenieros, aun cuando éstas concluyan que Texcoco es la mejor alternativa para albergar al nuevo aeropuerto—, arroja el rechazo generalizado del pueblo, ¿se cancelará la construcción del NAIM?; ¿se echarán al bote de la basura los 60,000 millones de pesos hasta ahora invertidos? ¿Qué se hará con los 120,000 millones de pesos comprometidos? ¿Qué se hará con los 105,000 millones de pesos que están por comprometerse?
Además de la pérdida de tales inversiones comprometidas y por comprometerse, el próximo gobierno de México ¿estará dispuesto a pagar los 100,000 millones por daños y perjuicios?
¿CONCESIÓN?
Además del enorme valor económico de las pérdidas, el siguiente gobierno de México ¿se animará a lanzar tan negativas señales a los inversionistas nacionales e internacionales? Parece difícil, pero no imposible.
Por otra parte, en caso de que el presidente López Obrador decida mantener la construcción del NAIM —del cual por cierto el tema de la presunta corrupción no ha estado sobre la mesa— ¿tomará la decisión de concesionarlo? ¿Lo concesionaría total o parcialmente?
Concesionarlo totalmente implicaría la transferecia de una potencial rentabilidad extraordinaria a manos privadas, cuando el gobierno federal podría con sólo 30% de 100% del total de la inversión, recibir recursos extraordinarios.
La pregunta es válida: ¿López Obrador no es el mismo que siempre criticó la privatización de los bienes públicos?
Una decisión económica acertada para el gobierno sería mantenerlo en la sede que aprobó Mitre, sin gastar en un análisis adicional, y en lugar de concesionarlo, usufructuarlo en favor del propio gobierno.
Si fuera una decisión económica, tendría que imponerse la lógica. La racionalidad económica llevaría a la revisión exhaustiva de los contratos, a la renegociación, para lograr costos menores, pero dejaría a un lado la cancelación del proyecto y su concesión parcial o total.
Pero, al final, quizá el nuevo gobierno considera que por sobre lo económico, tiene mayor peso y valor el político.
Veremos si Andrés Manuel López Obrador decide decepcionar primero a los mercados o perder parte de su capital político. Al tiempo.
ATISBOS
NOMBRAMIENTO.- Sergio José Camacho Carmona será el nuevo director general de Unifin, a partir del 1de octubre próximo. Luis Gerardo Barroso González, quien se desempeña como director general, ocupará el cargo de presidente del comité ejecutivo de la empresa y continuará realizando funciones de planeación estratégica, trabajando conjuntamente con Camacho para lograr una transición ordenada y exitosa.