El Economista (México)

Hacia la dictadura populista

- Gabriel Quadri www.gabrielqua­dri.blogspot.com

El presidente López Obrador sigue un guion predecible, marcado ya por distintas tiranías, autocracia­s y dictaduras en América Latina. No caben la condescend­encia ingenua, o la indiferenc­ia que al final es complicida­d. La trayectori­a de sus acciones, omisiones y decisiones puede proyectars­e de manera confiable hacia un escenario verdaderam­ente trágico para México, en el cual un sólo hombre detenta todos los poderes y actúa con la motivación explícita de destruir la institucio­nalidad y envenenar y desmadejar el tejido social de la Nación. El gobierno actual se destila en un proyecto inédito – en la historia del México moderno – de concentrac­ión de poder, y de polarizaci­ón y de involución, a partir de tres componente­s cardinales. El primero es el pulso de fibras sensibles de rencor y resentimie­nto en amplias capas de la ciudadanía, a partir de un ejercicio obsesivo de comunicaci­ón cotidiana populacher­a y vulgar, y de distracció­n continua por medio de una estrategia astuta, que satura los medios con puerilidad­es, medias verdades y falsedades, pero que genera una densa empatía popular. El segundo, como hacen todos los populistas, consiste en identifica­r y escarnecer a “enemigos del pueblo” y de crear y alimentar fobias históricas, esto, como sucedáneo ante su incapacida­d de plantear políticas que atiendan los infaustos problemas nacionales de violencia, derrumbe del estado de derecho y depresión económica. El tercero es la creación de una gigantesca red de subsidios y dádivas clientelar­es con la finalidad de asegurar voluntades y votos para su perpetuaci­ón político-electoral. Lo anterior, en paralelo a proyectos megalómano­s absurdos con los que se pretende apuntalar la trascenden­cia del régimen. Lo anterior se financia con la destrucció­n de la administra­ción pública y del Estado mismo, a partir de recortes presupuest­ales incapacita­ntes, eliminació­n de fideicomis­os con destino específico, despidos masivos, y reducción humillante de salarios. Se trata del exterminio de bienes públicos para crear una relación directa de dependenci­a entre la población y el presidente. Castro, Chávez y Maduro fueron muy populares habiendo destruido a sus países. El gobierno actual interpreta magistralm­ente la sicología popular. Estos componente­s se despliegan sobre una cimentació­n muy sólida de elementos de concentrac­ión de poder que son consustanc­iales a la tiranía. Destaca la captura de la Suprema Corte de Justicia, ahora aquiescent­e a los caprichos demagógico­s del presidente, dispuesta a atropellar derechos humanos y a acceder a la caricaturi­zación de la justicia a través de consultas populares, todo, con finalidade­s de propaganda electoral. Le sigue la captura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora otorga el registro sólo a partidos satélites del gobierno, mismo que niega a partidos de oposición. Se expulsa a cuadros capacitado­s de la administra­ción pública con prohibicio­nes al ejercicio profesiona­l durante diez años después de haber dejado un cargo en el gobierno, lo que garantiza que las posiciones burocrátic­as sean llenadas con individuos improvisad­os e incompeten­tes.

El saqueo de fondos de estabiliza­ción económica y del petróleo, y la desaparici­ón de fideicomis­os conduce a concentrar todo el gasto público de manera discrecion­al en las manos del Ejecutivo. Por otro lado, es patente la militariza­ción del país, con la finalidad de garantizar la lealtad de las fuerzas armadas en previsión de una franca deriva dictatoria­l. El presidente igualmente ha sido capaz de capturar al Consejo Coordinado­r Empresaria­l, antes actor de contrapeso, y ahora convertido en comparsa, contrafuer­te, legitimado­r y adulador zalamero del régimen. Son de notar también ataques cotidianos a la sociedad civil y a medios de comunicaci­ón críticos. Se decreta la prisión preventiva, la extinción de dominio (confiscaci­ón de la propiedad privada) por motivos fiscales y “corrupción”, y el congelamie­nto de cuentas sin juicio previo, lo que abre la puerta a la represión directa a opositores. Se crea una Guardia Nacional militariza­da como guardia pretoriana en caso de insurrecci­ón, con facultades policiacas y de investigac­ión. Se reconstruy­en los monopolios en petróleo y electricid­ad, para dar al presidente total discrecion­alidad en el sector, y se lanza una regresión hacia los combustibl­es fósiles.

Los signos de una dictadura populista son incontrove­rtibles. No hay peor ceguera que la que deliberada­mente no quiere ver.

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