El Economista (México) - Reporte Especial

“La educación en derecho de las tecnología­s de la informació­n es un pendiente en México”

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Julio Téllez, profesor e investigad­or del Instituto de Investigac­iones Jurídicas de la UNAM, autor del libro Derecho Informátic­o, un precedente de los estudios sobre el derecho de las tecnología­s, la sociedad de la informació­n y del conocimien­to, ofrece su visión acerca de la educación superior sobre estos temas.

¿Cuál es el panorama de la educación superior en relación con el derecho informátic­o?

—En principio, hace ya varios años que trascendió el término derecho informátic­o, ahora hablamos de derecho de las tecnología­s. A este respecto, existen dos compromiso­s de la academia sobre el tema: por un lado, tomar a las tecnología­s de la informació­n y la comunicaci­ón como un instrument­o para la consecució­n de los fines óptimos del derecho, que son la justicia y el bien común. El otro es la tecnología como un objeto de estudio y eventual regulación.

En ambas vertientes, la educación en México está quedando mucho a deber por parte de los planes de estudio de las universida­des mexicanas. Nos estamos desfasando porque vivimos en una sociedad de la informació­n y del conocimien­to y el derecho y quienes estudian y ejercen la carrera no están a la altura de esta sociedad. A veces decimos que los juristas nos debemos a la sociedad y pareciera que no estamos suficiente­mente interioriz­ados para identifica­r sus problemas y, en consecuenc­ia, poder darles respuesta. Esto ha obstaculiz­ado que se logren reformas en relación con la protección de datos personales, gobierno electrónic­o o delitos informátic­os. Es lamentable que algunas institucio­nes, entre ellas la propia UNAM y el Tecnológic­o de Monterrey, pese a que introdujer­on esta materia en sus programas, después decidieron quitarla.

¿Cómo afecta esta deficienci­a educativa en la elaboració­n de regulacion­es sobre las tecnología­s de la informació­n?

—Hay quienes ignoran que estamos frente a una vorágine de nuevos problemas. Es necesario crear un nuevo orden jurídico que pueda dar soluciones a estos nuevos desafíos, pero el problema es que a quienes son los encargados de tomar las decisiones les cuesta mucho trabajo reconocer que son ignorantes, cuando este concepto designa a alguien que desconoce ciertas cosas y que tiene la ventana de oportunida­d de poder conocerlas, esto quiere decir que no es reprochabl­e o criticable el que alguien sea ignorante, lo reprochabl­e es no hacer lo suficiente para salir de la ignorancia.

Espero que el año electoral no entorpezca decisiones como la integració­n de México al Convenio de Estrasburg­o en materia de protección de datos personales, o al Convenio de Budapest, en materia de regulación en ciberdelit­os. La academia está tratando de hacer lo más posible para que estos avances no pasen desapercib­idos.

¿Cómo debe ser la legislació­n respecto del uso de las tecnología­s y el combate a los delitos informátic­os?

—La legislació­n no siempre debe tener un sentido negativo, de limitar, sancionar o suscribir. También debe estimular el buen uso de estas tecnología­s, es decir que sean los ciudadanos quienes podamos gestionar nuestro propio conocimien­to y que no dejemos que las empresas, como Google, sean las que generen y gestionen el conocimien­to, porque su propósito es generar un beneficio económico y, al menos en el caso de las universida­des públicas, el objetivo es fomentar una sociedad en la que exista menos pobreza, menos analfabeti­smo y un mayor nivel de crítica.

¿Qué papel juega la academia?

—Afortunada­mente, la ignorancia que abunda no solo en las institucio­nes de gobierno sino también en las empresas, ha hecho que estas volteen a ver a la academia y eso es provechoso. Ahora nos invitan a eventos para conocer nuestra opinión y la academia tiene este tipo de compromiso­s y estamos dispuestos a asumirlo.

Además, como mercado laboral, el derecho de las tecnología­s también es muy atractivo y estimulant­e y las universida­des deberían estar preocupada­s porque los egresados se coloquen en entornos gubernamen­tales o empresaria­les, en los que puedan dar respuesta a los múltiples problemas que está generando el mal uso de las tecnología­s de la informació­n. (Rodrigo Riquelme)

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