Semana decisiva sobre etiquetado de alimentos; SCJN tiene la palabra
Esta semana es decisiva en torno al etiquetado de bebidas y alimentos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal de la nación está por decidir si el etiquetado actual se queda como está o se modifica en favor de una mayor claridad y entendimiento del consumidor.
La incógnita está sobre todo en torno a la claridad sobre la proporción de azúcares o endulzantes añadidos que consumimos los mexicanos y en lo cual el etiquetado vigente no ayudaría mucho, pues ni los nutriólogos lo entienden.
En los últimos dos años el tema ha ido y venido ente jueces y tribunales, y tras todo tipo de discusiones ahora ya estamos a punto de que la Corte Suprema ponga punto final, dando su última palabra al respecto.
Como es sabido, en este tema las empresas industrializadoras de alimentos hacen fuerte presión sobre autoridades, legisladores y jueces para no cambiar las cosas. Las particularmente interesadas son las empresas integrantes de Conméxico, organismo que lleva Jaime Zabludovsky y preside Manuel Vicente Martínez, director de Grupo Jumex, y donde también participan refresqueras como Pepsico, Coca-cola, FEMSA, Arca Continental y Grupo Peñafiel (recién adquirido por la americana Keurig Green Mountain). En este mismo organismo están las dueñas de marcas de golosinas y productos dulces como Bimbo, Nestlé, Kellogg’s, Mars, Ferrero y Hershey’s, que muy probablemente también tendrían que reformular si la Corte decide no respaldar el actual etiquetado. El etiquetado es el principal medio de comunicación entre el productor y el consumidor final. Hablando de comida y bebidas, conforme la Organización Mundial de la Salud (OMS), el propósito del etiquetado es brindar al consumidor los datos que éste requiere para realizar una elección informada.
En muchos países se viene debatiendo cuál es el mejor etiquetado y en cada uno va evolucionando. La última versión, muy aplaudida por expertos, fue uno de advertencias en Chile, aplicado en respuesta a un pronunciado aumento de la obesidad en ese país.
En México, Cofepris autorizó un nuevo etiquetado en el 2015, consensado por el entonces comisionado Mikel Arriola con la industria productora.
El problema es que no fue considerada la opinión de expertos y, por ende, sin criterios basados en evidencia científica, lo cual es más delicado sobre todo a la luz de la costosa epidemia de diabetes y obesidad que nos trae de cabeza en México.
Esta historia llegó a la Corte porque el Poder del Consumidor, organismo presidido por Alejandro Calvillo, obtuvo en el 2015 un amparo de parte del juez octavo de distrito contra Cofepris por haber emitido dicho etiquetado.
Los abogados de Cofepris apelaron e hicieron más grande el embrollo, pues hicieron que se sumara al recurso la Secretaría de Economía con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El caso pasó entonces al Tribunal Colegiado que dada su importancia y trascendencia, decidió trasladarlo al Máximo Tribunal. El plazo se agotó y la respuesta de la Corte está programada para este 22 de agosto. Los ministros deberán dar su veredicto en torno a los argumentos con los que se obtuvo el amparo, que a la postre son:
Que el etiquetado viola el derecho a la información de los consumidores: La forma en que se presenta la información engaña a los consumidores respecto a la cantidad de azúcar que están consumiendo. Que era necesario que la autoridad utilizara criterios científicos o médicos, consensos internacionales o recomendaciones de autoridad en la materia —y no lo hizo—, y en todo caso, justificara por qué los criterios que utilizó son mejores que los de la comunidad científica. Y que por tanto hubo violación al principio de no regresividad: el etiquetado resulta regresivo porque no protege el derecho a la salud.