El rascacielos sin cimientos

México ha aspirado a modernidad y desarrollo por décadas. A veces, son difícilmente compatibles con “usos y costumbres”, geografía o cultura. Hoy, México es un país de ingreso medio relevante, con un PIB de más de un millón de millones de dólares, exportador de clase mundial, importante destino turístico y hogar de más de 120 millones de personas.

A pesar de las calamidades diarias, México avanza, pero a un ritmo muy inferior al indispensable. Demográficamente, es un país joven, pero no lo seguirá siendo siempre. Nuestro crecimiento poblacional no es muy diferente al de países desarrollados. En pocas décadas, México será un país con muchos viejos, y proporcionalmente menos gente que hoy en la fuerza laboral. Entonces, necesitaremos que esos trabajadores produzcan muchos más bienes y riqueza que hoy, tendremos que correr rápido para permanecer en el mismo sitio. Para ello, necesitamos de una infraestructura internacionalmente competitiva, y de un nivel educativo que también lo sea.

Pero, el gasto en inversión del gobierno mexicano está en su punto más bajo desde 1949. En los recortes al gasto público necesarios para compensar la caída en ingresos petroleros, se optó por bajar el gasto que más requerimos, que ya ejercíamos con poca eficiencia, alta corrupción, y con criterios poco estratégicos. Mientras tanto, le hemos abierto la llave al gasto corriente. Por ponerlo en términos coloquiales, echamos mano de la tarjeta de crédito para salir a restaurantes e irnos de vacaciones. Si lo hubiéramos hecho para invertir en algún negocio, generaríamos un flujo de ingresos que nos permitiría crecer y hacerle frente al costo de esa deuda sin problema. No fue el caso.

Forzaremos a nuestros hijos a consumir menos, para pagar por lo que estamos gastando, que conste que no “invirtiendo”, hoy. El jalón de orejas de la calificadora Standard & Poor’s esta semana va en esa dirección. La deuda neta del gobierno pasó de 28% del PIB en 2005, a 42% en 2015 (y eso sin hablar del rápido deterioro en la deuda de los estados, y el veloz crecimiento de pasivos contingentes, como el de pensiones estatales). Les preocupa también gobernabilidad y corrupción.

En este momento, el costo de esa deuda está en un mínimo histórico, dado el entorno internacional, pero algún día se normalizarán las tasas y el pago de la deuda se volverá un rubro pesado, e inevitable, del gasto público. Si además seguimos gastando mal, y seguimos encarando los retos políticos como lo hace esta administración, es probable que el costo de la deuda mexicana subirá más que proporcionalmente en ese ajuste. Las calificadoras nos castigarán.

Preocupa el pobre manejo de la creciente crisis con la CNTE. Es a todas luces evidente que ésta trasciende a lo educativo y busca debilitar al gobierno de EPN y complicarle el final de sexenio. La mano de López Obrador se asoma. Resultaría imposible diseñar una peor negociación que la de Osorio Chong. Cada ultimátum resultó estéril, cedió una y otra vez a lo que afirmó no era negociable, y generó todo incentivo perverso para que los bloqueos aumenten, son un insuperable mecanismo para conseguirlo todo. Los niños, sí esos que se van a hacer viejos, carecerán de la preparación más elemental porque el Estado no puede garantizarles su derecho más esencial. La impericia política y la irresponsabilidad histórica les roban el futuro.

El gobierno está en una encrucijada. Sería perfectamente justificable usar la fuerza para levantar bloqueos, pues cientos de familias se están yendo a la quiebra en Oaxaca o Chiapas. La inversión privada caerá. Pero, no cuentan con una fuerza pública confiable que evite agravar otra crisis, la de derechos humanos. A las ejecuciones extrajudiciales del ejército se suman las de la Policía Federal.

El abuso en el uso de la fuerza responde a dos factores. Primero, han sido negligentes en el desarrollo de un cuerpo policial numeroso, bien entrenado, bien equipado, bien remunerado, que pase exámenes de confianza, y capaz de enfrentar al crimen organizado (CNTE incluido). Segundo, a que en esta guerra asimétrica, soldados y policías conocen la debilidad de un aparato judicial incapaz de detener, procesar y encarcelar a los malos, por lo que hacer justicia por propia mano se vuelve una alternativa.

México no ha provisto un sistema de impartición de justicia moderno; no ha forjado instituciones que edifiquen un Estado de derecho; no ha invertido en una fuerza pública confiable; no ha superado una crisis de derechos humanos creciente que incluya el derecho de los niños a recibir educación, el de los comerciantes y empresarios que pierden miles de millones de pesos por acciones que es absurdo condonar, y el de gente que quiere empleo digno y bienestar, mientras ve cómo las inversiones se van para no volver.

Esos elementos son la base sobre la que México debe construir su futuro, pero parece que creemos posible erigir un rascacielos sin cimientos.

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