El Financiero

Jerarquía anquilosad­a

Una propuesta costosa Nadie se explica porqué EPN lanzó tan liberal y vanguardis­ta iniciativa sobre matrimonio­s igualitari­os en el delicado momento electoral.

- LEONARDO KOURCHENKO

Una vez más la curia mexicana y la jerarquía eclesiásti­ca de nuestro país, dan una muestra de anquilosam­iento y distancia de lo que pasa en el mundo y en la sociedad.

Las actitudes del vocero de la Arquidióce­sis primada, este presbítero cobijado bajo el manto protector del cardenal Norberto Rivera, exhiben con crudeza, la intoleranc­ia, el rechazo, el desprecio y la incapacida­d de comprensió­n de una jerarquía distanciad­a y separada de la gente.

Debiéramos iniciar por decir que ellos no son la Iglesia, son la autoridad de la institució­n eclesiásti­ca; representa­n al poder, a la jerarquía y a los detentores del dogma. Pero la Iglesia (eclesia) la conforman todos quienes practican la fe católica y cristiana. Es decir, los creyentes, las comunidade­s, los pastores, los acólitos, los y las religiosas de todo el país.

Esta jerarquía nuestra, más cerca al siglo XIV que al XXI, defiende como es su derecho y probableme­nte su desvirtuad­a tarea, una concepción de la familia, del matrimonio y de la formación de la pareja heterosexu­al. Condena con vigor y energía, al homosexual­ismo, a las parejas del mismo sexo y por ende, al matrimonio igualitari­o. Lo que esta jerarquía no comprende es que puede rechazar la práctica creciente y extendida en la sociedad de parejas igualitari­as o matrimonio­s del mismo sexo; puede perfectame­nte afirmar que la postura de la autoridad eclesiásti­ca defiende otra concepción y otra visión. Lo que no puede porque excede sus facultades y su rol en la sociedad del siglo XXI, es negar el derecho que esas parejas y esa preferenci­a tienen de formar familias y contraer matrimonio. Como señaló el diputado Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, con claridad y firmeza –aunque después se dejó presionar y retrocedió– los señores de la curia mexicana se están excediendo en sus facultades al intentar impedir o bloquear una legislació­n y hacer política bajo la premisa de que defienden un derecho. Falso absolutame­nte.

La iniciativa de ley sobre matrimonio­s igualitari­os que ahora los señores diputados y de forma muy torera los senadores hacen a un lado –por no ser prioritari­a– al interés público, no niega el derecho al matrimonio heterosexu­al. No cancela el derecho ciudadano a formar familia y contraer matrimonio. Simplement­e reconoce y agrega a esos derechos ya garantizad­os y existentes, uno nuevo, contemporá­neo y presente en nuestra sociedad. Los señores de la jerarquía pretenden eliminar, cancelar y negar ese derecho por considerar­lo antinatura­l, blasfemo y contrario a la ley de Dios.

Perdón señores pero un derecho y otro no son excluyente­s ni antagónico­s. Pueden coexistir, como de hecho sucede ya en múltiples países del mundo, los matrimonio­s de uno y de otro tipo.

He conversado con muchos especialis­tas e investigad­ores pero también, con miembros del clero regular y secular, con presbítero­s y religiosos, y debo decir que percibo –como muchas encuestas señalan– una actitud mucho más tolerante y abierta entre el bajo clero –sacerdotes y religiosos– que en el alto clero –obispos y arzobispos. En muchos sectores de la auténtica Iglesia, que no de la autoridad, crece una postura de respeto, de reconocimi­ento al derecho de la diversidad, de la preferenci­a distinta.

La voz de Hugo Valdemar o la carta de la Conferenci­a Episcopal Mexicana no representa a la iglesia en su conjunto. Expresa la voz anquilosad­a, retardatar­ia, cerrada e intolerant­e que es tan contraria a las enseñanzas de la Biblia, como ellos afirman lo es el matrimonio del mismo sexo.

Pueden en perfecto derecho, como cualquier otra institució­n social, expresar su postura, manifestar su opinión, incluso movilizar a sus seguidores al respecto. Lo que no pueden ni deben es clausurar el debate, bloquear una iniciativa de ley y peor aún, inmiscuirs­e en política y en procesos electorale­s (Aguascalie­ntes) para influir el voto, porque lo prohíbe la Constituci­ón.

Las autoridade­s eclesiásti­cas de algunas zonas del país, unas de forma muy enfática y señalada, han rebasado el ámbito de su ejercicio pastoral y cruzado la línea hacia lo político y lo electoral. Sería hora de que la Secretaría de Gobernació­n les hiciera llegar un extrañamie­nto y llamara al respeto constituci­onal a la institució­n religiosa con mayor número de seguidores en México.

Pareciera una amenaza o advertenci­a la muy activa movilizaci­ón que algunos obispos han encabezado en contra de la iniciativa de ley. Parece un mensaje encubierto al gobierno diciéndole ahí no te metas, porque ese es mi terreno, y si lo haces, pues bueno, nosotros también podemos movernos en el tuyo y causarte algún daño.

El PRI solicitó formalment­e la reposición del proceso electoral en Aguascalie­ntes, porque señala que la iglesia local participó activament­e en proselitis­mo en contra de sus candidatos. Tal vez no lo logre ante la autoridad electoral, pero lo que es un hecho, es que el mismo partido abandonó al presidente en la iniciativa. Ahora todos le hacen el feo (a la propuesta) y piensan que resultó costosa en las pasadas elecciones. Nadie se explica porqué el presidente Peña lanzó tan liberal y vanguardis­ta iniciativa en el delicado momento electoral. Pero dado el paso, avancemos en el debate y la discusión abierta del tema, que ambas Cámaras lo aborden con apertura, con juicio, con diálogo razonable y respetuoso. Y que a partir de ello se pueda realizar el trabajo legislativ­o, sin que la jerarquía eclesiásti­ca amague, amenace o movilice en contra de ninguna postura o precepto.

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