80 aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La semana que transcurre es relevante para la vida jurídica de México ante la celebración, por tercera ocasión en los últimos 10 años, de un Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace patente la importancia de contar con instituciones sólidas y eficaces que garanticen la protección de derechos frente al Estado, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De igual manera, del 24 al 26 de agosto, se está celebrando en nuestro país el XXV Congreso Nacional e Internacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en conmemoración del 80° Aniversario de la promulgación de la ley de justicia fiscal y del 20° aniversario de la creación de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, con la participación de representantes de tribunales fiscales y/o administrativos de más de 20 países.
Es en ese contexto que el sábado 27 de agosto conmemoramos el 80º aniversario del nacimiento en nuestro sistema jurídico del entonces Tribunal Fiscal de la Federación de la mano con la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1936) integrado originalmente por 15 magistrados, divididos en 5 salas; desde esa época se han suscitado reformas en 1946, 1966, 1987 y 1985, que significaron avances en las atribuciones y funciones que desarrolla este órgano jurisdiccional como vigilante del actuar de las autoridades del Estado.
En el 2000, el Congreso de la Unión aprobó cambios trascendentales para este órgano jurisdiccional, tales como la modificación del nombre de la Ley Orgánica y, por ende, del nombre de la Institución, por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, funcionando con 11 magistrados de Sala Superior, otorgándole la facultad para determinar el número, regiones y sede de las Salas Regionales, así como la forma de integrar jurisprudencia al resolver contradicciones de las resoluciones de las Secciones o de las Salas Regionales.
En 2007, se creó el órgano de vigilancia, disciplina y administración del Tribunal, denominado Junta de Gobierno y Administración, que preside el propio presidente del Tribunal e integrado por dos magistrados de Sala Regional y por dos magistrados que forman parte de la Sala Superior, y a partir de dicha reforma se integró por 13 magistrados.
La reforma constitucional de 2015 instituye el Sistema Nacional Anticorrupción, que vincula las funciones de varios entes del Estado, como una instancia de coordinación, competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Ante los nuevos tiempos, los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, entendieron la demanda social de dotar a la República de órganos que prevengan, vigilen y sancionen actos de corrupción, en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 18 de julio, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades, con lo cual, además del cambio de denominación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se confirma como uno de los pilares del citado Sistema Nacional Anticorrupción.
En relación a su estructura y derivado de las nuevas atribuciones, la Sala Superior se conformará por 16 magistrados, funcionando en Pleno General y Pleno Jurisdiccional, y se dividirá en tres secciones. Las dos primeras no sufren modificación relevante en su conformación y competencia, y se establece la Tercera sección que se compondrá de tres magistrados de Sala Superior, quienes se integrarán al Pleno General más no al Jurisdiccional, dada su especialización, y a su vez se adicionan a las Salas Regionales y Especializadas ya existentes, las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas. Por lo que el Tribunal ya cuenta con la posibilidad de ofrecer al ciudadano un mayor acceso a la justicia mediante las Salas Regionales y las Salas Especializadas en: 1) Comercio Exterior; 2) Ambiental y de Regulación; 3) Propiedad Intelectual; 4) Juicios en Línea, y 5) las ya citadas en materia de Responsabilidades Administrativas. La Junta de Gobierno y Administración continuará con las importantes funciones de administración, disciplina y carrera jurisdiccional.
Asimismo, el Tribunal será competente para conocer de los juicios que se originen por fallos en licitaciones públicas, la interpretación y cumplimiento de los contratos celebrados por la administración Pública Federal centralizada, paraestatal, y las empresas productivas del Estado, al igual de las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales y resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral, que impongan sanciones no graves.
Se amplía la facultad de este órgano para resolver los procedimientos de Responsabilidad Administrativa que impliquen la comisión de faltas graves cometidas por los servidores públicos y los particulares que hayan participado en actos vinculados con dichas responsabilidades.
Ante los desafíos que las reformas legales obligan y la sociedad exige, dentro del marco del 80 aniversario de la creación del Tribunal, quienes tenemos la fortuna de pertenecer a esta institución estamos ciertos que el reto va más allá de una modificación de denominación, es una restructura sustancial y operativa, pues el ejercicio de nuevas atribuciones hace necesario redimensionar la trascendencia no sólo como tribunal de vigilancia de los órganos del Estado, también como un garante de los derechos de las personas ante actos ilegales de éste. Por esta razón el reto primordial será ejercer la función jurisdiccional como parte de un sistema a nivel nacional cuya meta es mejorar la praxis del servicio público, y para ello contamos con un sólido, leal y eficiente recurso, el humano, conformado por hombres y mujeres comprometidos con el Tribunal, con la justicia y, sobre todo, con México.
Opine usted: politica@ elfinanciero. com.mx