Transparencia y política fiscal
El 9 de agosto de 2016, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), resolvió un recurso de revisión en el cual ordenó al SAT entregar a un ciudadano el motivo, nombre, denominación y razón social de las personas a quienes se condonó o canceló algún crédito fiscal del periodo de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013; el monto de tales créditos de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, así como el motivo de cada uno de los casos correspondientes al periodo del 1 de enero de 2014 al 15 de mayo de 2016.
El INAI determinó que, transparentar la manera en que el sujeto obligado ejerce sus atribuciones para condonar o cancelar créditos fiscales, reviste un interés público ya que el gobierno dejó de percibir ingresos que afectan a la sociedad mexicana, es decir, el costo por esos recursos los absorbe el propio Estado y, por ende, es en detrimento no sólo del resto de los contribuyentes, sino de la sociedad en su conjunto.
El monto total entre la condonación y la cancelación de créditos fiscales en el periodo solicitado por el ciudadano, esto es, de 2007 a 2016, asciende a 822.5 mil millones de pesos, que equivalen al 4.5 por ciento del PIB de 2015 y a la sexta parte del gasto total en el mismo año. Sin duda, estos datos resultaran reveladores por varios motivos.
El informe preparado por diversas organizaciones civiles, con ocasión de la Audiencia Temática sobre Política Fiscal y Derechos Humanos (parte de una iniciativa regional coordinada por el Center for Economic and Social Rights, CESR), en el 156° Periodo de Sesiones de la CIDH, en Washington DC, en octubre de 2015, destaca la importancia de acceder a información sobre la política fiscal del país, porque “hace posible un debate más documentado entre las autoridades y el público acerca de la formulación y los resultados de esta política, y ayuda a establecer las responsabilidades en cuanto a su aplicación.”
Asimismo, el informe señala que “la política fiscal tiene un enorme potencial transformador de las realidades de pobreza y desigualdad en América Latina. Movilizar recursos financieros para garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es esencial para avanzar progresivamente en la erradicación de la pobreza y la desigualdad.”
En ese sentido, si pensamos en la política fiscal, en la que se encuentran comprendidas decisiones como la condonación y cancelación de créditos fiscales, en la cual el Estado deja de percibir recursos, ligada con la forma en que impacta en la garantía del ejercicio de los derechos humanos de cada uno de los individuos, ya que de los montos recaudados depende la posterior redistribución de esos recursos y, en consecuencia los fines a los que se destina, es posible observar la relevancia de acceder a información que nos permita evaluar la gestión gubernamental en materia fiscal y la necesidad de que el Estado justifique sus decisiones en dicha materia.
Por consiguiente, tal como lo ha hecho el INAI, y en su momento el IFAI, en 32 asuntos relacionados con el tema de créditos fiscales no pagados, cancelados o condona- dos, con la resolución del recurso de revisión señalado, nuevamente se ordena que el SAT informe el motivo, nombre, denominación y razón social de las personas a quienes se ha condonado o cancelado algún crédito fiscal.
Las autoridades mexicanas han realizado grandes esfuerzos en los últimos años en materia fiscal: Incremento del padrón de contribuyentes activos (34 por ciento 2012 al 2015). Incremento de la recaudación tributaria (80 por ciento de 2012 a 2015).
En 2015, las empresas pagaron más ISR que los asalariados por retenciones (592 mil millones de pesos, respecto a 580 mil millones que pagaron los asalariados).
Sin duda, los esfuerzos en materia fiscal, emprendidos por la actual administración para fortalecer la hacienda pública, han rendido frutos en beneficio de la sociedad mexicana, los cuales se verán fortalecidos a través de la confianza que logren transmitir las autoridades a los ciudadanos, y son la transparencia y el acceso a la información pública, elementos que permitirán evaluar y entender las razones jurídicas y económicas de aquellos casos que resulta procedente la condonación o cancelación de las obligaciones fiscales.
El cumplimiento de las resoluciones del INAI contribuirá notablemente a recobrar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, y en consecuencia, a que los ciudadanos tengan plena certeza de que el cumplimiento de sus obligaciones y contribuciones fiscales, serán siempre en beneficio de la sociedad.
Opine usted: @Oscarguerra Ford
* Comisionado del INAI