Descuidando la economía de la Ciudad de México
El Distrito Federal tiene ya una nueva identidad: ahora es la Ciudad de México. Esta nueva identidad como entidad federativa plantea la redacción de una Constitución que la rija. Si todo marcha conforme al calendario, la Ciudad de México estrenará Constitución el 5 de febrero.
Bien dice el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la exposición de motivos de la iniciativa que presentó que este proyecto es una “síntesis de aspiraciones”. Algunas de éstas son deseables, aunque más que aspiraciones habría que llamarlas deseos, probablemente inalcanzables. Pero otras, de gran importancia, son un verdadero sinsentido. De plantearse como se encuentra en el proyecto, estos deseos se traducirán en derechos, y, entonces todos podremos “denunciar la violación a los derechos reconocidos por esta Constitución ante las autoridades competentes”. Tendremos derecho a la libertad de pensamiento, al desarrollo de nuestra personalidad, a una alimentación culturalmente aceptable (¿?), a tener una educación liberadora y también al “más alto nivel de salud física y mental”, entre muchos otros.
Pero dentro de esta lista de deseos hay planteamientos económicos que pueden resultar desastrosos para la Ciudad de México. No únicamente mediante el costo monumental que tendría que acompañar a los miles de derechos para garantizar su cumplimiento, lo cual, creo, más bien espero, que nunca llegue a ver la luz, sino que también se plantean otros temas que inciden directamente en la forma de producción de la ciudad. La Ciudad de México es la entidad que más participa en la producción del país, 16.7 por ciento de todo lo que se produce en México viene de ahí. Es por mucho la de mayor participación, seguida del Estado de México con 9 por ciento. La economía de la Ciudad de México es fundamental para el desarrollo económico del país. La Constitución debería de reconocer esta importancia y procurar que sea una entidad modelo en términos económicos. En lugar de eso, en el proyecto se opta por validar la informalidad y el ambulantaje, estableciendo incluso mecanismos para su protección y se plantean principios económicos sin definición ni sustento.
En el inciso D del Art. 15 se señala que las autoridades de la ciudad velarán por el respeto de las condiciones para un trabajo digno, entre las cuales se encuentra la formalización del empleo. Pero en el inciso F del mismo artículo, se señala que los vendedores fijos y semifijos tendrán derecho a “desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad determinados por la ley”. Adicionalmente, en el proyecto se contempla la creación de un fondo de pensiones y prestaciones para las personas trabajadoras pertenecientes a este sector para garantizar que cuenten con protección social en concordancia con sus necesidades.
Tenemos en México un mercado laboral “dual”. Un mercado formal, regulado, fiscalizado, con prestaciones y un mercado informal que no paga impuestos, sin prestaciones, que se apropia de la vía pública y de otros recursos. La informalidad es un problema en el país y la Ciudad de México no es la excepción. 46.4 por ciento de la población ocupada de la ciudad lo hace en la informalidad. Sin duda hay un tema fiscal aparejado a la informalidad, pero es todavía más importante el impacto que tiene en la productividad. El empleo informal es menos productivo, tiene poco acceso al crédito, no puede aprovechar potenciales economías de escala y tiene un crecimiento limitado por la amenaza de ser fiscalizado.
Este proyecto de Constitución no le llama al empleo informal por su nombre, prefiere referirse a él como prestadores de servicios no asalariados o vendedores ambulantes. Curioso que en un inciso señale que fomentará la formalización del empleo y en el inciso siguiente promueva la informalidad. En la medida que se fomente el empleo informal, la productividad será menor, los salarios reales que recibe este sector serán menores, se crearán distorsiones en el empleo formal y empresas pequeñas o sus empleados tendrán todos los incentivos para migrar a la informalidad. Es aceptar la evasión fiscal y legitimarla. La Ciudad de México crecerá menos y el deterioro será evidente.
México se tiene que mover a la formalización. La Ciudad de México, con sus 14 millones de personas y su peso en la producción del país, tendría que poner el ejemplo. No optemos por dar pasos para atrás. Vamos a estrenar Constitución, vamos a empezar de cero. Hagámoslo bien. No hagamos cosas de las que nos vamos a arrepentir.