El asalto de Mancera a la CDMX

Quien conoce a Mayte de las Rivas conoce a una prototípica sinaloense. Sí, recurriré a los estereotipos: es alegre y es entrona. No se deja, pues.

Vecinos de la Miguel Hidalgo y de otras delegaciones capitalinas saben que además Mayte es abogada, y que se ha involucrado de manera decidida en la lucha por la legalidad en materia urbana. Por su activismo, ayer intentaron arrestarla. Quienes patrocinan una obra en Polanco, que ha sido varias veces clausurada, la acusaron de amenazas. Los policías, ya se sabe, en esos casos sí aparecen y sí son diligentes (http://bit.ly/2cu5wiv).

El episodio de Mayte es una anécdota más, no por cotidiana menos grave, de una ciudad en la que cuestionables actuaciones de la autoridad terminan por enfrentar a particulares por el tema inmobiliario.

En la Ciudad de México se vive una rebelión vecinal. Para no ir más lejos, la presión ciudadana obligó a la Asamblea Legislativa a posponer, en dos ocasiones este mes, la modificación de leyes de vivienda. Justo es decir que el descontento de empresarios del sector también fue factor para esa cancelación.

Los vecinos, además, han tenido que volverse expertos en legislación urbana para combatir medidas arbitrarias, o de plano ilegales, emprendidas por autoridades delegacionales y del gobierno central.

Hoy Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (contralacorrupcion.mx) se beneficia de parte del camino andado por algunos vecinos, en concreto de los que están agrupados en torno a Suma Urbana A. C.

Con disciplinado y acucioso monitoreo de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Suma Urbana detectó que en el último año y medio el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha decretado, como quien no quiere la cosa, modificar las condiciones urbanas de 6 polígonos que en conjunto representan una superficie de más de 4.5 veces el Bosque de Chapultepec.

Recurriendo a la figura de Sistema de Actuación por Cooperación (SAC), el jefe de gobierno ha decidido modificar amplios cuadrantes en zonas tan emblemáticas como las Granadas y Tacubaya (Miguel Hidalgo), Doctores, San Pablo y Alameda (Cuauhtémoc) y La Mexicana (en Santa Fe).

En total, se trata de 1,233 hectáreas en las que se transformará toda la dinámica urbana de quienes ahí viven y, por supuesto, de quienes transitan por ahí.

Salvador Medina Ramírez, urbanista al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encargó hacer la versión crítica del expediente de Suma Urbana, explica que los SAC “consisten en acuerdos entre privados, o con la administración pública, que se componen de predios privados y públicos, para realizar acciones urbanísticas dentro de una zona delimitada, llamada Polígono de Actuación (PA). La forma en que se utilizan estos instrumentos jurídicos se presta para una discrecionalidad enorme, pues permite relocalizar y permutar usos, destinos y potencialidades del suelo y de construcción de los mismos predios (privados o públicos), así como relotificar; independientemente de los planes urbanos preexistentes”.

En la Asamblea Legislativa, la diputada Margarita Martínez Fisher ha promovido puntos de acuerdo en contra de algunos de estos polígonos. Porque como se explica en el texto de Medina Ramírez que hoy se publica en contralacorrupcion.mx, estos SAC operan a través de fideicomisos ajenos al escrutinio público.

Además, en al menos uno de los polígonos se podría vender patrimonio de la ciudad, como lo es el predio donde se ubica la Secretaría de Finanzas.

Por eso vecinos como Mayte o los de Suma Urbana son necesarios. Por eso las autoridades no quieren saber nada de ellos. Pero la rebelión vecinal sigue, porque ellos resistirán el asalto de Mancera a la Ciudad de México.